La definición electoral

Los resultados de las recientes elecciones han aportado suficientes referencias para afirmar que el país se encuentra en un firme proceso de recomposición política, tendiente a consolidar el sistema democrático en el estricto marco de la Constitución nacional. Seguramente ese proceso no será corto ni sencillo, mas el comportamiento de la ciudadanía para asegurar su rumbo ha constituido una clara señal de buena voluntad digno de ser compartido con la diversidad propia de una sociedad libre. Un índice concluyente de esa recomposición ha sido el panorama expuesto por las urnas, donde los grandes partidos tradicionales aparecen divididos o en dispersión; la mayoría favorable al poder central todavía no ha decidido si seguirá o no integrando la organización histórica donde tuvo origen. A partir de esa gran incógnita, cuyo esclarecimiento parece ser secundario para la opinión pública, una serie extraordinariamente numerosa de coaliciones o de frentes donde concurren viejos sectores antagónicos y nuevas siglas se reparte más del 35 % del electorado nacional. Ello augura una compleja recomposición de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo será la primera minoría. Esta realidad significa que, si bien Néstor Kirchner ha conseguido fortalecer su investidura presidencial no ha logrado lo mismo para su gobernabilidad.
En tales condiciones, el Poder Ejecutivo deberá tener un comportamiento negociador con el Congreso para lograr la aprobación de proyectos y otras cuestiones fundamentales que apremian al país y a la sociedad en el corto y en el mediano plazo. No debe perderse de vista que el triunfante Frente para la Victoria que representó al oficialismo en las urnas es una coalición particularmente heterogénea, integrada más mediante la distribución de recursos por parte del poder central antes que por un ideario programático. Mantener esa integridad no será tarea fácil, pues la realidad fiscal, a partir de las elecciones, es de apremio, planteado por la inflación y por el gasto público, como podrá observarse en el debate del Presupuesto 2006 que está por comenzar en la Cámara Baja. El diálogo se convertirá, así, en una herramienta esencial, pues deberá contribuir a la buena voluntad de la oposición después del duro trámite de la campaña electoral. De acuerdo con el resultado de las urnas, la ciudadanía, que ha dado muestras de su rechazo a las postulaciones extremas, espera un comportamiento constructivo de la oposición en ese diálogo imprescindible.
La gran agenda económica y social que sigue al debate preelectoral deberá desarrollarse simultáneamente con el esfuerzo por recuperar la plenitud institucional, poniendo fin al estado de emergencia que afecta a la seguridad jurídica.
Restablecer la plenitud de relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dando término a la numerosa delegación de facultades del Congreso en el Presidente y en la Jefatura del gabinete, debe ser el paso inicial para la normalización de nuestra vida pública. En ese orden, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia puede ser un hecho fundamental de la nueva República, después de la década de abusos que significó ese vacío reglamentario. Otro punto impostergable para la recuperación institucional es fortalecer las autonomías provinciales mediante un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, cuya ausencia durante la misma década sometió a las provincias al manejo centralista de los recursos fiscales. Hasta aquí, el gran sumario de deudas políticas que los partidos históricos y responsables de la decadencia causaron al país, colocándolo en la peor insolvencia: la crisis de representatividad de una ciudadanía que espera recuperar su confianza en los poderes públicos.