La ciudadanía ante las urnas

Finalmente, 26 millones de ciudadanos estarán mañana en condiciones de concurrir a las urnas en 24 distritos, para elegir senadores y diputados nacionales y provinciales que renovarán parcialmente el Congreso nacional y las legislaturas. Se ha dicho, con razón, que en las elecciones el poder más trascendente lo ejerce la ciudadanía; es decir, el de fortalecer al buen gobierno de sus representantes, o el de corregir los desvíos de la gestión confiada, mediante la más poderosa herramienta de la democracia: el voto. Los comicios a mitad de un período institucional cumplen así con un fin revisor esencial en el sistema de gobierno delegado por la sociedad libre, y las campañas electorales que los preceden sirven para explicar la labor cumplida y la proyectada. Tal cual viene ocurriendo desde hace largo tiempo, las competencias ante las urnas han eludido -cuando no violado- buena parte de esas reglas, y han puesto en evidencia la crisis de representatividad que afecta a nuestro país y que ha convertido a sus mayores partidos en organizaciones poco confiables. La reciente campaña ha sido un ejemplo de confrontaciones personalizadas que no permiten asegurar un debate constructivo de los poderes legislativos. No sólo la violencia verbal, sino también las denuncias descalificantes fueron los medios más apelados, como el uso descontrolado de los recursos públicos y la violación del Código Electoral.
Todo ello plantea a los electores la responsabilidad de optar -tan sólo en el orden nacional- entre 2.164 candidatos para 151 cargos, y deben tratar de evitar que las agresivas arengas y el perverso clientelismo actúen como incentivos para hacerlo en contra de algunos y no a favor de propuestas que satisfagan el interés general. Se trata de una decisión muy comprometida y que debería partir de una realidad donde la experiencia argentina desde la restauración constitucional, testimonia resultados sociales, económicos y políticos de pésima calidad final. Estos colocan al país en los más calificados informes internacionales, entre los menos confiables y con mayor incertidumbre jurídica.
En compensación, puede afirmarse que desde la prolongada inestabilidad institucional a partir de 1930, nunca como ahora el espíritu democrático de nuestra sociedad estuvo tan presente. La crisis de los grandes partidos políticos, convertidos en aparatos manipulables por caudillos y grupos adictos, ha cerrado las puertas de los comités a las nuevas generaciones de ciudadanos, a la vez que las divisiones los han convertido en facciones enemigas de todo diálogo y contemporización.
Las elecciones legislativas serán una oportunidad para un sufragio inteligente, cuya finalidad primaria deberá consistir en optar por la consolidación del sistema de separación de los poderes republicanos. Ello significa restablecer los valores constitucionales, con los cuales la República dejará de ser patrimonio de unos pocos; poner punto final al régimen de emergencia con el que se pretende justificar la concesión masiva de facultades excepcionales al Poder Ejecutivo, y reglamentar el uso de los decretos de necesidad y urgencia, de acuerdo con la reforma constitucional de hace más de una década. El Poder Legislativo es en instrumento imprescindible en un sistema presidencialista como el nuestro y de su integridad operativa depende el control ciudadano de la gestión pública. Se trata de prioridades esenciales para fortalecer nuestra democracia y deben gravitar en la reflexión ciudadana a la hora de optar entre las 306 listas distribuidas en el gran cuarto oscuro nacional. Ningún proyecto o promesa orientado hacia el futuro podrá ser eficiente sin ese requerimiento institucional.