La Policía investiga peleas vecinales que no se solucionan y los vecinos se quejan de hurtos y de robos que no denuncian. ¿Qué está pasando? La brecha entre la labor policial y las necesidades vecinales es enorme, y refleja que el problema de la seguridad -o de la inseguridad- está más allá de la acción específica de la fuerza. En una sociedad acostumbrada a la ilegalidad es casi ilusorio pretender que la gente confíe en una institución como la Policía. Algo así dijo hace dos semanas el sociólogo Marcelo Saín, en recientes jornadas en Tucumán, donde señaló que la seguridad es una cuestión de Estado, no una cuestión policial. Ese divorcio entre los que trabajan en seguridad y los que padecen la inseguridad se expresa de varias otras maneras, según muestra la encuesta de victimización que están haciendo las actuales autoridades. Por ejemplo: mientras la Policía, tradicionalmente, ha esperado que los vecinos vayan a hacer denuncias (y sus respuestas han sido que carecía de personal, de autos o de elementos de trabajo), las encuestas revelan que el 90 % de los delitos sufridos por la gente ocurren en la calle y en el mismo barrio, de modo que el hábito consuetudinario de los agentes de encerrarse en las paredes de la seccional ha contribuido a la inseguridad. No ha sido una cuestión sólo de falta de elementos. Una fuerza educada en la represión sólo sabe reprimir -o cree saberlo-, actuar ante el hecho consumado. Inclusive, cuando sale a hacer prevención, lo hace con la idea de arrestar. De eso dieron cuenta las "razzias" de fin de semana en busca de jóvenes a los cuales se detiene y multa bajo la Ley de Contravenciones.
Este concepto de seguridad está siendo puesto en duda en los últimos tres años, por las mismas autoridades, que advierten que la respuesta tradicional no ha servido para mejorar el sistema. La selección masiva de jóvenes contratados en la Policía -que comenzó a mediados del gobierno de Julio Miranda y se acrecentó en el de José Alperovich- ha sido beneficiosa porque introdujo cambios tanto en la manera de trabajar (son contratados por día y no con el sistema de trabajar un día y descansar dos) y porque se rompió con el concepto de que sólo el hombre puede dar seguridad. Al menos el 20 % de los ingresan son mujeres. Además, estos jóvenes han entrado mientras germinaba -un poco a los ponchazos- la idea de Policía Comunitaria y de que el agente debía integrarse en la sociedad en la que actuaba. Y eso no se hace fácilmente. Los policías jóvenes que patrullan los barrios periféricos padecen los mismos problemas que los vecinos: deben enfrentarse con los menores violentos y alcoholizados o drogados y con las patotas. Y en muchos casos, sin armas.
Los sondeos de victimización revelan el cambio, y muestran esa brecha entre los conceptos sobre la seguridad. Esta tirante transición se mantiene porque no ocurren hechos conmocionantes que hagan disparar en la sociedad el reclamo de que vuelvan los agentes represores, que terminarían sepultando a la incipiente Policía preventiva, que aprende a conocer los problemas barriales. No es un riesgo menor, porque estos jóvenes vigilantes bien podrían ser fagocitados por los viejos agentes, que tienen a su favor la experiencia, pero que piensan que salir a la calle a ver qué pasa es un castigo, y que la verdadera función policial es reprimir revoltosos, arrestar delincuentes y resolver crímenes.
La tarea de la Policía comunitaria está revolviendo en serio el tema de la seguridad, porque muestra que también debe haber respuesta multidisciplinaria ante problemas como los de los menores, o soluciones no policiales como la mediación para las peleas vecinales. Y de esta revuelta no sólo deben participar policías o vecinos. Bien se destacó, tanto en el Congreso de Derecho Penal como en las Jornadas de Seguridad, que se notaba en esos debates la ausencia de jueces, fiscales y políticos.
