Un país "muy corrupto"

De acuerdo con el informe anual de Transparencia Internacional (TI) la Argentina es un país "muy corrupto", y ocupa el puesto 97° entre los 159 indagados por un conjunto de instituciones internacionales de máximo prestigio. Su puntuación es de 2,8 en una escala de cero a diez, donde la nación mejor calificada es Islandia, con 9,7. La medición se concentra en el sector público y define la corrupción como la utilización de un cargo para beneficio privado, basándose en las percepciones de quienes experimentan directamente el entorno de ese mal. La encuesta abarca los años 2003, 2004 y 2005, y su resultado constituye un hecho asumido desde hace poco menos de una década, cuando nuestro país comenzó a mostrar su pertenencia al grupo con más bajas calificaciones. La primera encuesta de TI fue en 1995, única ocasión en la que la Argentina obtuvo un índice de 5,2, equivalente a "aprobado", aunque inferior al siete requerido como mínimo para una buena nota. Los restantes años hasta el presente, oscilaron entre 3,4 en 1996 y 2,5 en 2003, estableciendo un promedio muy testimonial de decadencia en nuestra vida pública.
Los índices sucesivos, a partir de 1994 no deben sorprender, pues marcan el proceso de deterioro creciente que recorrió la gestión pública nacional desde el momento en que el ex presidente Carlos Menem, reelecto tras la reforma constitucional, pretendió alcanzar una nueva reelección. La alianza opositora que siguió a ese largo período gubernamental demostró un fundamento orientado a la conquista del poder antes que por un proyecto de progreso, lo que provocó su crisis al mediar el mandato. Fue entonces cuando la mayoría del Congreso resolvió devolverle el gobierno al justicialismo, en lugar de tratar de completar el período constitucional en curso, dando lugar a un grave debilitamiento institucional cuyas secuelas aún perduran. Todo ello fue posible por la crisis que afectó a los grandes partidos políticos; hasta el punto que en la encuesta anterior de Transparencia Internacional, Argentina encabezó el ranking de naciones cuyos ciudadanos desean eliminar la corrupción de los partidos políticos antes que la de cualquier otra institución. Tan predominante inquietud halla su fundamento más reciente en la campaña electoral que acaba de finalizar, cuyas más gruesas irregularidades señalan al poder público que, en el orden nacional, ejerce el partido más numeroso, ostentando una división que monopoliza la competencia mediante agravios recíprocos, donde el uso de los recursos oficiales se practica con cinismo y sin control.
En su síntesis de necesidades para superar el degradante nivel asignado a nuestro país, Poder Ciudadano, representante de TI, reclamó: respeto de la división de poderes; manejo presupuestario más transparente; control de los gastos de campaña y de publicidad oficial, y que jueces y legisladores hagan públicas sus declaraciones juradas. La exigencia es más amplia, por cierto, si se advierte la reticencia del oficialismo del Senado a tratar la demorada ley de acceso a la información pública, cuyo descaecimiento se producirá el próximo fin del período parlamentario por esa causa, después de tres años de repetidos vaivenes. Superpoderes que desbordan al presidencialismo constitucional como en tiempos de dictaduras y decretos ley como los de necesidad y urgencia sin reglamentar después de una década de postergaciones, exhiben un perfil tan irregular de la ley como instrumento de orden y seguridad que anula la confianza. Ese es precisamente el marco de la corrupción, cuya consecuencia más notoria es la pobreza que ha crecido a su ritmo, para servir a la demagogia populista, como paradójico instrumento de perduración.