BUENOS AIRES.- Si la Justicia actuara por las irregularidades de las campañas electorales y las denuncias planteadas en ellas, lo más probable sería que las elecciones fueran suspendidas. Es muy difícil hallar antecedentes sobre tan bajos niveles proselitistas, cuando el testimonio más singular es que el partido que puede sumar más votos en el orden nacional carece de afiliados, de carta orgánica y de todo lo que dispone la ley de agrupaciones políticas. Sin embargo, fue reconocido como tal por la Cámara Nacional Electoral.
Las denuncias de irregularidades, fantasiosas o no, han superado largamente las propuestas, como el estilo de las arengas se impuso al de los discursos. También los informes sobre gastos de campañas -en casi todos los casos tardíos - parecen en su mayoría grotescos, mientras los índices ciudadanos de indecisión se mantienen, a pesar de la proximidad de las urnas. El cuadro tan ligeramente expuesto ha coincidido con la difusión del informe de Transparencia Internacional, que coloca al país en la escala más descalificante. Pero la capital de la República parece vivir todo ello con la mayor indiferencia; es decir, de manera distante y sin actos públicos abiertos, que ningún candidato se atrevería a convocar. Un ejemplo de "autogestión" de la gente podría ser lo acontecido ayer en Avellaneda, cuando un grupo sindical interrumpió las vías del Ferrocarril Roca. Detenido el primer tren, los pasajeros se bajaron y trataron de desalojar con violencia al piquete.
Los ruidosos ausentes
Otras contradicciones singulares entre lo que se dice y la realidad de un electorado distante son la violación sistemática del Código Electoral por el oficialismo y la escasa figuración de las ruidosas organizaciones de piqueteros en las intenciones de voto encuestadas. Sectores ahora ausentes de la calle, lo mismo que el variado espectro de la izquierda neta que los secundaba y se muestran incapaces de formular coincidencias. Un récord, el de Cristina Fernández, puntera absoluta en Buenos Aires, pero sin haber concurrido nunca a invitación alguna del periodismo para dialogar o debatir con otros candidatos. Otro dato singular es el escaso gasto de campaña del Frente para la Victoria, cuyos actos se confunden con los de gobierno y, por consiguiente, se financian con dineros públicos. En estas ocasiones rara vez se respeta el artículo 64 del Código Electoral, que prohíbe reuniones de esa naturaleza desde siete días antes de los comicios. Una de las consideraciones que en el informe de Transparencia Internacional se formulan con relación a la Argentina concierne, precisamente, a la confusión de los poderes públicos con esa clase de actividades políticas. (De nuestra Sucursal)
