18 Octubre 2005 Seguir en 
La jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal Angela Ledesma consideró que el fuero penal atraviesa una grave crisis, ya que no puede superar la etapa de investigación en casi todas las causas.
Detalló que del total de causas ingresadas en 2003, sólo un 4,6 % fue elevado a juicio, y que un 2,4 % llegó a obtener sentencia definitiva.
"El sistema realmente no funciona porque la investigación penal preparatoria es el gran agujero negro", remarcó, durante la disertación que ofreció, en el marco de las Jornadas del Noroeste sobre Seguridad y Democracia que se realizaron la primera semana de octubre en Tucumán. Según ella, el principal problema es que los fiscales no dirigen las investigaciones.
Inservibles
Además, remarcó: "en el juicio se ven muchos papeles y trámites inservibles. Sólo el 10 % del expediente es útil". "Esto demuestra que se desperdicia mucho tiempo y que, cuando llegamos a juicio, hemos perdido la mayoría de las pruebas", aseguró.
La camarista reconoce que la crisis del sistema penal ha influido en la creciente sensación de inseguridad. "Hay que pensar en reformar los sistemas procesales de persecución penal.
El 100 % de las causas no puede ser sometido a juicio oral y público porque así no funciona, ya que casi un 96 % ni siquiera llega. No se puede juzgar todo; hay que crear más sistemas contravencionales y alternativas como la mediación penal", reflexionó.
La jueza propuso que se juzgue según el principio de disponibilidad: decidir cuáles son los casos relevantes que merecen ser llevados a juicio. Además, sostuvo que es necesario fijar reglas más claras para investigar y evitar el exceso de formalidades para superar el hecho de que en el país poco menos del 30 % de los presos cumple una condena firme.
Al respecto, Eugenio Zaffaroni, vocal de la Corte Suprema de Justicia, al hablar en el V Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal se pronunció en contra del abuso que se hace de la prisión preventiva.
"El 75% de los presos está sin condena. Esto no puede ser. Hemos invertido los términos. Primero aplicamos la pena y después le aplicamos la sentencia. No digo que deba eliminarse la prisión preventiva; pero hay que reducir el ámbito de aplicación de algunos recursos técnicos", destacó.
Daniel Erbetta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal coincidió con él. "Cuando un homicidio ocurrió, la muerte ya se produjo, y no lo va a remediar la ley penal", aseveró.
Sin problemas
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, comentó que a pesar de la cantidad de presos que no tienen condenas, esto no trajo problemas aún en la cárcel. "Los internos saben mejor que nadie cómo está su situación judicial y se mantienen al tanto con sus respectivos abogados", explicó.
En cuestión de infraestructura, el penal está colapsado, por lo que no se permite el ingreso de nuevos reclusos que no tengan toda la documentación obligatoria, ni a los que no se les haya dictado la prisión preventiva.
Detalló que del total de causas ingresadas en 2003, sólo un 4,6 % fue elevado a juicio, y que un 2,4 % llegó a obtener sentencia definitiva.
"El sistema realmente no funciona porque la investigación penal preparatoria es el gran agujero negro", remarcó, durante la disertación que ofreció, en el marco de las Jornadas del Noroeste sobre Seguridad y Democracia que se realizaron la primera semana de octubre en Tucumán. Según ella, el principal problema es que los fiscales no dirigen las investigaciones.
Inservibles
Además, remarcó: "en el juicio se ven muchos papeles y trámites inservibles. Sólo el 10 % del expediente es útil". "Esto demuestra que se desperdicia mucho tiempo y que, cuando llegamos a juicio, hemos perdido la mayoría de las pruebas", aseguró.
La camarista reconoce que la crisis del sistema penal ha influido en la creciente sensación de inseguridad. "Hay que pensar en reformar los sistemas procesales de persecución penal.
El 100 % de las causas no puede ser sometido a juicio oral y público porque así no funciona, ya que casi un 96 % ni siquiera llega. No se puede juzgar todo; hay que crear más sistemas contravencionales y alternativas como la mediación penal", reflexionó.
La jueza propuso que se juzgue según el principio de disponibilidad: decidir cuáles son los casos relevantes que merecen ser llevados a juicio. Además, sostuvo que es necesario fijar reglas más claras para investigar y evitar el exceso de formalidades para superar el hecho de que en el país poco menos del 30 % de los presos cumple una condena firme.
Al respecto, Eugenio Zaffaroni, vocal de la Corte Suprema de Justicia, al hablar en el V Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal se pronunció en contra del abuso que se hace de la prisión preventiva.
"El 75% de los presos está sin condena. Esto no puede ser. Hemos invertido los términos. Primero aplicamos la pena y después le aplicamos la sentencia. No digo que deba eliminarse la prisión preventiva; pero hay que reducir el ámbito de aplicación de algunos recursos técnicos", destacó.
Daniel Erbetta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal coincidió con él. "Cuando un homicidio ocurrió, la muerte ya se produjo, y no lo va a remediar la ley penal", aseveró.
Sin problemas
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, comentó que a pesar de la cantidad de presos que no tienen condenas, esto no trajo problemas aún en la cárcel. "Los internos saben mejor que nadie cómo está su situación judicial y se mantienen al tanto con sus respectivos abogados", explicó.
En cuestión de infraestructura, el penal está colapsado, por lo que no se permite el ingreso de nuevos reclusos que no tengan toda la documentación obligatoria, ni a los que no se les haya dictado la prisión preventiva.
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