Más de 700 detenidos en la provincia esperan aún por el juicio oral

En noviembre de 2001, varios hombres asaltaron una de las sucursales del Banco Francés. La rápida reacción de la Policía permitió que casi todos los sospechosos fueran arrestados horas después del atraco. Uno de ellos es Sergio Branto. Este acusado salió en libertad ayer, a casi cuatro años del suceso. Lo llamativo es que aún no fue juzgado, ni se sabe cuándo será el juicio.
Casi el 70% de los presos de Tucumán aún no tiene condena firme. La media en el país ronda el 55%, por lo que Tucumán es una de las provincias con más mora en la administración final de justicia.
El juez de Cámara Alberto Piedrabuena, vocal de la sala II, advirtió que el trabajo que ellos realizan no disminuyó. "Hay semanas en las que las distintas salas realizan hasta dos juicios. Ya hay fecha de realización de debates hasta el próximo año", afirmó el camarista. Pero esto no siempre es así, ya que hay juicios que se extienden hasta dos semanas, por lo que, consecuentemente, se atrasan otros.

Los requerimientos
El fiscal Carlos Albaca aseguró que, en promedio, cada fiscalía eleva a juicio unas 15 causas, lo que indica que a los juzgados de Instrucción deberían llegar unas 135 causas al mes, esto sin contar con la fiscalía I, que recién hace dos semanas comenzó a trabajar con causas ordinarias luego de que se decidió quitarle el rol de anticorrupción.
"Hay requerimientos constantes. Se debe tener en cuenta que por día, en cada turno, pueden ingresar unas 80 causas, de las cuales aproximadamente el 60% se archiva", explicó Albaca.
Fuentes de los juzgados de Instrucción consideraron al mismo tiempo que de esas 135 causas, finalmente llegan a juicio unas 100, todo esto por mes, lo que da unas 1.100 al año, sin contar la feria de enero. Piedrabuena opinó que uno de los puntos por los cuales el número de procesados aumentó, en detrimento con el de los penados, es la cantidad de detenciones que realiza la Policía.
"Es evidente que eso incide, aunque nosotros no lo veamos en los juicios, ya que muchos son liberados antes del debate, en la etapa de instrucción", explicó. Con él coincidió el comisario mayor Nicolás Barrera, jefe de la Unidad Regional Capital, en cuya jurisdicción se detiene, por delito, hasta un promedio de cinco personas por día.
"La prevención en este caso da muchos resultados. Después ya depende de la Justicia y de las pruebas que aportemos a la investigación pero en lo que hace a lugares de detención, estamos desbordados", dijo.
Curiosamente, en poco más de dos años de la actual gestión, en ningún caso los presos que protagonizaron los diversos motines que hubo se quejaron por la morosidad judicial, como sí ocurría antes, cuando invariablemente los planteos tenían que ver con la falta de resolución de las causas.

Sin dinero
El caso de Branto es paradójico. La ley establece que la prisión preventiva debe tener un máximo de dos años, pero aunque se le concedió el cese de prisión, nunca pudo cubrir los $ 30.000 que le fijaron como caución. Finalmente se bajó el monto y recién pudo recuperar su libertad. Los otros acusados ya están en libertad, aunque todos esperan que se realice el juicio.
El abogado Roberto Flores, defensor de Branto, advirtió que el debate no se llevó a cabo a raíz de que varios de los planteos que él realizó aún no están resueltos.
"Es cierto que muchas veces no estamos conformes, y por mantener nuestra postura, realizamos planteos que finalmente provocan mora, pero se trabaja dentro de un estado de derecho", dijo.
Varios fiscales y jueces consultados indicaron que justamente la cantidad de recursos que presentan los defensores es otro de los factores de las demoras en obtener sentencia. Y así, el número de causas es cada vez mayor, pero su resolución tarda cada vez más.