Sólo en San Miguel de Tucumán hay poco más de 60 casas de juego habilitadas, todas de particulares, en las que funcionan las 24 horas del día por lo menos 800 máquinas autorizadas, según los datos oficiales a los que accedió LA GACETA.
El total de aparatos habilitados por la Caja Popular de Ahorros (CPA) asciende a más de 950 en toda la provincia, lo que demuestra la fuerte concentración del juego en la capital. No obstante, el número de maquinitas ilegales es una incógnita.
Las casas de videopóker emplazadas en la provincia están en manos de una decena de empresarios, cuya facturación anual es un misterio para las autoridades de la CPA. Sucede que los propietarios autorizados pagan a la entidad crediticia estatal un canon mensual que oscila entre los $ 300 por máquina.
Sólo por este concepto, la institución recibe más de $ 300.000 por mes. Durante el período julio 2004-junio 2005, los ingresos del sector treparon a $ 4 millones, lo que representa un 29,9% más con respecto al período 2003-2004.
A la salud pública
Los ingresos que genera el juego de azar no quedan en su totalidad en las arcas de la Caja Popular. La entidad aporta un 25% del resultado bruto de la actividad (diferencia entre lo recaudado menos lo que paga en concepto de premios, comisiones y costos de funcionamiento, excluidos gastos de personal) al sistema de salud público.
Las leyes provinciales le imponen a la CPA la obligación de transferir al Siprosa una suma porcentual, que en 2004 fue de $ 800.000 mensuales. Además, la Ley de Emergencia Sanitaria (6.949) determina el envío al mismo organismo de un monto fijo por mes de $ 400.000.
También, la Caja dispone de una partida para ayuda social de $ 800.000 por año, con los cuales se atienden pedidos de comedores comunitarios, ayuda para niños discapacitados y de organizaciones no gubernamentales.
El total de aparatos habilitados por la Caja Popular de Ahorros (CPA) asciende a más de 950 en toda la provincia, lo que demuestra la fuerte concentración del juego en la capital. No obstante, el número de maquinitas ilegales es una incógnita.
Las casas de videopóker emplazadas en la provincia están en manos de una decena de empresarios, cuya facturación anual es un misterio para las autoridades de la CPA. Sucede que los propietarios autorizados pagan a la entidad crediticia estatal un canon mensual que oscila entre los $ 300 por máquina.
Sólo por este concepto, la institución recibe más de $ 300.000 por mes. Durante el período julio 2004-junio 2005, los ingresos del sector treparon a $ 4 millones, lo que representa un 29,9% más con respecto al período 2003-2004.
A la salud pública
Los ingresos que genera el juego de azar no quedan en su totalidad en las arcas de la Caja Popular. La entidad aporta un 25% del resultado bruto de la actividad (diferencia entre lo recaudado menos lo que paga en concepto de premios, comisiones y costos de funcionamiento, excluidos gastos de personal) al sistema de salud público.
Las leyes provinciales le imponen a la CPA la obligación de transferir al Siprosa una suma porcentual, que en 2004 fue de $ 800.000 mensuales. Además, la Ley de Emergencia Sanitaria (6.949) determina el envío al mismo organismo de un monto fijo por mes de $ 400.000.
También, la Caja dispone de una partida para ayuda social de $ 800.000 por año, con los cuales se atienden pedidos de comedores comunitarios, ayuda para niños discapacitados y de organizaciones no gubernamentales.








