Piden que se declare la emergencia

"La condición que reviste la estructura edilicia de la cárcel de Villa Urquiza y demás dependencias provinciales es deplorable y, a la vez, de extremo riesgo. No están preparadas para albergar a la cantidad de personas que en estos momentos se encuentran en dichos lugares". Estos son parte de los fundamentos que presentó la legisladora Beatriz Avila (PJ) en el proyecto de ley en el cual solicita que se declare el estado de emergencia físico funcional y sanitario del Sistema Penitenciario de la provincia. Esto significa que el Estado deberá invertir para que el problema se solucione y que, además, deberá darle a la problemática un tratamiento prioritario.
La legisladora pidió que la medida sea impuesta por un año y que la autoridad de aplicación de la ley sea el Ministerio de Seguridad Ciudadana. "Visitamos con otros legisladores la cárcel de Villa Urquiza. El abandono, la falta de elementos indispensables y la carencia de medicamentos básicos son algunas de las falencias que muestra la unidad penitenciaria", indicó Avila. "Dar la espalda o mirar hacia otro lado sería una irresponsabilidad, ya que estas personas, si bien están condenados, no pueden vivir en condiciones infrahumanas o hacinados", dijo. "La superpoblación es uno de los factores que llevan a los reclusos a contagiarse de enfermedades, o a pelearse entre ellos", finalizó.
En el proyecto se prevé que la reestructuración del sistema tendrá estos objetivos: dotarlo de mayor eficiencia, transformar su estructura orgánica, racionalizar y optimizar sus recursos humanos y materiales; desarrollar y profesionalizar al sistema, remodelar los centros de atención, tratamiento y rehabilitación de los internos y abastecer a los mismos de los medicamentos esenciales para su funcionamiento.

Presentaciones de abogados por la represión
La Justicia estudia los pedidos de hábeas corpus presentados por dos abogados, por la supuesta golpiza que recibieron los reclusos de Villa Urquiza luego del motín del martes.
Roberto Flores realizó el pedido ante la jueza de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera, a favor de tres defendidos que se encuentran purgando condena por homicidio. En tanto que Gustavo Morales anunció que presentará un hábeas corpus colectivo.
"Será muy sencillo demostrar que los reclusos fueron golpeados después del motín. Ya solicitamos que intervenga el médico forense para que compruebe nuestras denuncias", aseguró Morales. Dijo que varios de los reclusos que están alojados en la Unidad 1 y 2, donde se produjeron los incidentes, tienen hematomas en varias partes de su cuerpo y cortes superficiales. "Los responsables fueron los guardiacárceles y los casi 200 efectivos policiales que controlaron la situación", explicó. Ambos abogados coincidieron en señalar que, si se comprueban las lesiones de los internos, pedirán que la fiscalía de turno investigue el caso para hallar a los culpables de la represión.

La revuelta
Ese fue un día de furia en el penal. Comenzó con una pelea en la Unidad 2, en la que resultó herido de un puntazo en el estómago Dante Ortiz. El guardiacárcel Manuel Arroyo, al intentar poner fin a la disputa, fue herido en la ingle. Los internos, entonces, se amotinaron y, pasada la medianoche, se sofocó la revuelta; 15 internos terminaron heridos y otros dos uniformados sufrieron lesiones leves. El legislador José Cano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia, decidió citar para el martes al director de Institutos Penales, Ernesto Salas, para que informe sobre lo que ocurre en el penal.