Zaffaroni pide concursos para los jueces

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que el magistrado que llega por sus méritos no está atado a ningún compromiso. Visita.

Ayer, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, volvió a ser contundente. Defendió el concurso como mecanismo idóneo para la selección de los miembros del Poder Judicial. También sugirió la inclusión del Consejo de la Magistratura (CM) en la Constitución provincial durante la próxima reforma.
"El magistrado que llega por un concurso se ganó el puesto y tiene una autoestima distinta del que llega por nominación política, donde siempre hay algún compromiso; alguien que lo señaló, por amistad o por lo que sea", afirmó el juez luego de la visita protocolar que efectuó a los miembros del máximo tribunal de la provincia.
Sentado junto a Alfredo Carlos Dato, Zaffaroni consideró que un CM con rango constitucional, plural y bien estructurado, sería un paso institucional importante. Agregó que la selección que efectúe ese CM debe ser vinculante para el Poder Ejecutivo, aunque no está convencido de que el CM deba proponer tres nombres. "No nos engañemos. Los funcionarios se fijan para ver quién es el amigo, el enemigo o el más inofensivo. Si yo fuese el ministro de Justicia, lo haría así", admitió.
"Los poderes del Estado pueden autolimitarse, pero dura mientras se mantiene el compromiso de la persona que ejerce el poder. Si el CM no está establecido en la Constitución, mañana viene otro gobernador y decide no ceder la facultad de elegir a los jueces, y tiene derecho", advirtió. Precisamente, el gobernador José Alperovich suprimió el Consejo Asesor de la Magistratura, que durante 12 años había funcionado en Tucumán. Diplomáticamente, Dato se excusó de opinar sobre el tema. "Si ya habló el obispo, ¿para qué le preguntan al párroco?", bromeó.
Luego, Zaffaroni resaltó que el juicio político es una sanción por la que se separa a alguien de una función frente a un notorio caso de inconducta. Se trata de una situación excepcional. "Entonces, pedir la destitución cuando se perdió un juicio, para algunos funciona como una cuarta instancia judicial, cuando no lo es. Las instituciones deben funcionar con un criterio sano y razonable por parte de la autoridad política", reclamó.

Una nueva etapa
El reconocido penalista destacó que la Justicia nacional ha iniciado una nueva etapa, precisamente, gracias al nombramiento de nuevos magistrados federales por concurso, lo que garantiza una selección objetiva e implica un cambio en el perfil del juez. Advirtió que hay que tener cuidado con la integración de un eventual CM, para que sea difícil monopolizarlo. Si bien está de acuerdo con la inclusión de representantes del Congreso o de la Legislatura en el CM, opinó que no deben ser legisladores, sino juristas designados por el órgano legislativo.
"Que sean diputados y senadores genera tres inconvenientes. Son miembros de un poder que está gobernando otro poder del Estado, lo que es un problema de tipo constitucional. Además, como el día tiene 24 horas y las funciones de legislador y de consejero (del CM) llevan mucho tiempo, habrá que privilegiar alguna. En tercer lugar, el entrenamiento legislativo es de discurso y negociación, mientras que en un CM se requiere ejecutividad y decisión. En cambio, si hubiera representantes de las Cámaras que sean juristas o profesores, se homogeinizaría el lenguaje de discusión y la metodología del trabajo interna del CM", aclaró.
Zaffaroni está convencido de que no hay que alterar nuevamente el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación (son nueve). "Quisiera que sea una costumbre hasta la próxima reforma constitucional, porque todo cambio tendría su lectura política y sería visto como una manipulación", alertó.

CONCLUSIONES
ADVERTENCIA.- Durante los dos días y medio de deliberaciones, los catedráticos de todo el país se quejaron de la proliferación de leyes especiales por fuera del Código Penal. "Expresamos públicamente nuestra preocupación por la utilización desmedida y excesivamente simbólica de las leyes penales, que acentúa una desaconsejable tendencia decodificadora", manifestaron.

DESACIERTOS.- Los catedráticos también cuestionaron el desorden de los cambios legislativos recientes. "La falta de sistematicidad de las últimas reformas penales ha puesto en crisis principios constitucionales que condicionan la actividad legislativa y judicial. Esto altera el sistema de penas y su proporcionalidad; y distorsiona el orden y jerarquía de los derechos, con todos los efectos negativos que ello proyecta sobre el proceso de interpretación de la ley, así como sobre la seguridad jurídica", expresaron.

RECLAMO A LOS POLITICOS.- "Apelamos a la responsabilidad y a la prudencia de nuestros legisladores. Consideramos necesario que sea elaborada una reforma integral al Código Penal, que posibilite recuperar la sistematicidad y coherencia indispensable de toda legislación y que, al ser aprobada, exprese el consenso parlamentario de una mayoría especial", exhortaron en el documento final.

OTRA ADVERTENCIA.- Los catedráticos recomendaron a los legisladores que se abstengan de sancionar reformas parciales. "Estas sólo contribuirán a aumentar el nivel de inconsistencia y el desorden de la normativa actual", dijeron.

PRIORIDAD.- Los penalistas también consideraron clave que sea respetado el catálogo de garantías establecido por la Constitución nacional y por los instrumentos (tratados) internacionales sobre derechos humanos. "También debemos procurar reformas estructurales que procuren evitar la impunidad de aquellas acciones que dañan derechos fundamentales", agregaron.

APELACION.- Los participantes instaron a los poderes públicos nacionales y provinciales a que adopten medidas para que sea respetada la dignidad de las personas privadas de libertad.

AVAL.- El documento fue firmado por Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros.