El presidente de Defensa Provincial (Bandera Blanca), Exequiel Avila Gallo, y el titular de la junta capitalina del PJ, Enrique Romero, pidieron a la Justicia que declare nula la resolución que designó intendente definitivo a Domingo Amaya y que suspenda sus efectos.
En la demanda conjunta ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ambos dirigentes sostienen que el Concejo Deliberante habría violado la ley orgánica de municipios (5.529).
Hacen hincapié en que el artículo 38 bis fija que, "hasta tanto se designe nuevo intendente, el gobierno municipal será ejercido por el presidente del Concejo". Por ello, afirman que en el momento de la aceptación de la renuncia de Antonio Bussi como intendente electo, el titular de ese cuerpo, Ramón Cano, debía asumir como jefe del Departamento Ejecutivo. "En lugar de los 10 ediles que votaron (la mitad más uno de los 18 miembros), debía haber uno menos, puesto que Cano debió hacerse cargo de la intendencia. De haberse ajustado a la ley, se hubiera perdido el quórum", argumentan.
Robles insistirá
El legislador Juan Robles (UCR) pedirá hoy la reapertura de una causa penal presentada en 2004 por el Grupo Alberdi contra Amaya, por usurpación de títulos, honores y funciones.
La presentación fue archivada en febrero de 2005 por la entonces fiscal Raquel Asís. Ella entendió que no correspondía accionar porque Amaya había sido designado en forma provisoria, lo que excluía la intención de delinquir. Robles planteará que, como la situación cambió, debe actualizarse el expediente.
Fallo que serviría de antecedente
Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia desvela a quienes se oponen a que Domingo Amaya sea intendente hasta 2007. El 1 de octubre de 2004, el máximo tribunal falló en contra de una presentación efectuada por el Grupo Alberdi y ratificó la competencia del Concejo Deliberante para elegir al intendente, a tenor de la Constitución sancionada en 1990 y de las leyes vigentes.
Los denunciantes pidieron la inhabilitación de Amaya porque no había sido elegido por el voto popular y lo acusaron de estar ejerciendo ilegalmente el cargo. Se basaron en la imprescindible aplicación del artículo 112 de la Carta Magna provincial, que es la base de los nuevos planteos efectuados contra el intendente.
La Corte desestimó in limine la presentación. El párrafo del pronunciamiento judicial que más preocupa a quienes hoy accionan dice: "mal podría este tribunal, sin violar la separación de poderes, la autonomía e independencia de las municipalidades en el cumplimiento de sus cometidos y su régimen legal específico, entrar a conocer y a decidir en torno de una cuestión que hace al desarrollo funcional del Departamento Ejecutivo".
El fallo tuvo los votos de Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito y Héctor Eduardo Area Maidana (el actual presidente, Alfredo Carlos Dato, se excusó).
Réplica de VargasAignasse
Crece la controversia por la decisión del Concejo Deliberante de designar a Domingo Amaya como intendente de la capital hasta 2007. El edil Oscar Ramón Cano (PJ) había calificado al senador nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) de "cobarde y botón" por su actitud de recurrir a la Justicia. "No estoy dispuesto a descender a las alturas de este personaje que vierte expresiones lamentables, más propias de un barrabrava, que de un representante de los vecinos", afirmó Vargas Aignasse. Dijo que si la crítica surgió por su demanda judicial contra Amaya, tal vez se haya quedado corto, porque también había cuestionado la suba del cospel en un 25%, las contrataciones directas sin llamado a licitación y a la compra de semáforos más caros del país, entre otros temas.
En la polémica, el titular de FR, Ricardo Bussi, había definido el nombramiento de Amaya como "una muestra del patoterismo de José Alperovich". Esos dichos provocaron la reacción del edil Juan Carlos Mamaní (PJ). "No recuerdan que cuando renunció Oscar Paz eligieron del mismo modo a Jorge Uasuf. Que se dediquen a trabajar por Tucumán", replicó.
En la demanda conjunta ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ambos dirigentes sostienen que el Concejo Deliberante habría violado la ley orgánica de municipios (5.529).
Hacen hincapié en que el artículo 38 bis fija que, "hasta tanto se designe nuevo intendente, el gobierno municipal será ejercido por el presidente del Concejo". Por ello, afirman que en el momento de la aceptación de la renuncia de Antonio Bussi como intendente electo, el titular de ese cuerpo, Ramón Cano, debía asumir como jefe del Departamento Ejecutivo. "En lugar de los 10 ediles que votaron (la mitad más uno de los 18 miembros), debía haber uno menos, puesto que Cano debió hacerse cargo de la intendencia. De haberse ajustado a la ley, se hubiera perdido el quórum", argumentan.
Robles insistirá
El legislador Juan Robles (UCR) pedirá hoy la reapertura de una causa penal presentada en 2004 por el Grupo Alberdi contra Amaya, por usurpación de títulos, honores y funciones.
La presentación fue archivada en febrero de 2005 por la entonces fiscal Raquel Asís. Ella entendió que no correspondía accionar porque Amaya había sido designado en forma provisoria, lo que excluía la intención de delinquir. Robles planteará que, como la situación cambió, debe actualizarse el expediente.
Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia desvela a quienes se oponen a que Domingo Amaya sea intendente hasta 2007. El 1 de octubre de 2004, el máximo tribunal falló en contra de una presentación efectuada por el Grupo Alberdi y ratificó la competencia del Concejo Deliberante para elegir al intendente, a tenor de la Constitución sancionada en 1990 y de las leyes vigentes.
Los denunciantes pidieron la inhabilitación de Amaya porque no había sido elegido por el voto popular y lo acusaron de estar ejerciendo ilegalmente el cargo. Se basaron en la imprescindible aplicación del artículo 112 de la Carta Magna provincial, que es la base de los nuevos planteos efectuados contra el intendente.
La Corte desestimó in limine la presentación. El párrafo del pronunciamiento judicial que más preocupa a quienes hoy accionan dice: "mal podría este tribunal, sin violar la separación de poderes, la autonomía e independencia de las municipalidades en el cumplimiento de sus cometidos y su régimen legal específico, entrar a conocer y a decidir en torno de una cuestión que hace al desarrollo funcional del Departamento Ejecutivo".
El fallo tuvo los votos de Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito y Héctor Eduardo Area Maidana (el actual presidente, Alfredo Carlos Dato, se excusó).
Réplica de VargasAignasse
Crece la controversia por la decisión del Concejo Deliberante de designar a Domingo Amaya como intendente de la capital hasta 2007. El edil Oscar Ramón Cano (PJ) había calificado al senador nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) de "cobarde y botón" por su actitud de recurrir a la Justicia. "No estoy dispuesto a descender a las alturas de este personaje que vierte expresiones lamentables, más propias de un barrabrava, que de un representante de los vecinos", afirmó Vargas Aignasse. Dijo que si la crítica surgió por su demanda judicial contra Amaya, tal vez se haya quedado corto, porque también había cuestionado la suba del cospel en un 25%, las contrataciones directas sin llamado a licitación y a la compra de semáforos más caros del país, entre otros temas.
En la polémica, el titular de FR, Ricardo Bussi, había definido el nombramiento de Amaya como "una muestra del patoterismo de José Alperovich". Esos dichos provocaron la reacción del edil Juan Carlos Mamaní (PJ). "No recuerdan que cuando renunció Oscar Paz eligieron del mismo modo a Jorge Uasuf. Que se dediquen a trabajar por Tucumán", replicó.
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