La sucesión de Bussi está un laberinto legal

La Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá definir una posición frente a una acción de amparo y frente a dos planteos de inconstitucionalidad.

El laberinto legal en el que transitan las causas abiertas contra la designación de Domingo Amaya como intendente, puede tener múltiples salidas.
Las presentaciones efectuadas en la Justicia observan distintas motivaciones y, por ende, distintos plazos procesales. Lo primero que analizarán los magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es si venció el tiempo disponible para reclamar, tomando como base el derecho que invocan los afectados, por la decisión adoptada el viernes pasado por los ediles.
Esto debe analizarse expediente por expediente, ya que en el caso de una acción por inconstitucionalidad (como las que plantearon el senador Ricardo Bussi y el legislador Rodolfo Danesi), la demanda debe interponerse dentro de los 60 días de conocido el acto lesivo. En cambio, en una acción por amparo como la iniciada por el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, la caducidad del derecho no opera mientras subsista la acción u omisión que motiva la denuncia.
La situación tiene consecuencias prácticas concretas. El cuestionado artículo 38 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades lleva más de una década de vigencia. Sin embargo, su aplicación efectiva y las consecuencias que derivan de ello, se produjeron a partir de la designación de Amaya como intendente definitivo hasta 2007, decisión que aún no cumplió una semana de vida.
Las definiciones por tomar incluyen si se acumulan o no los expedientes en una sola causa, lo que haría que lo trate una misma sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Como la primera presentación (Vargas Aignasse) cayó en la Sala I de Horacio Castellano y Salvador Ruiz, esta sería la que podría entender en el resto de los expedientes, si se decide la acumulación.
Bussi (h) estaría de acuerdo con este cambio, e incluso estaría analizando la posibilidad de recusar a los miembros de la Sala II (Carlos Giovaniello y Rodolfo Novillo), donde fue remitido su planteo. El presidente de FR espera una pronta definición sobre su pedido de que se dicte una medida de no innovar y se suspenda al actual intendente para el ejercicio de sus funciones.El bussismo planteó que la renuncia del ex gobernador debería haber sido analizada por la Junta Electoral Provincial. Si prospera este argumento, entraría a jugar otra institución del Estado.

Quejas del gobernador
El gobernador José Alperovich anticipó que acatará lo que resuelva la Justicia, aunque se quejó de la judicialización de la política. "Si la Justicia me dice que hay que llamar a elecciones, se llamará. No les tengo miedo a la voluntad de la gente ni a los comicios. Los ciudadanos están viendo como trabajamos", concluyó.