Andrés Vicente y Raúl Alcorta, los dos únicos imputados hasta el momento en la causa donde se investiga un supuesto desvío de fondos por $250.000 en el área educativa, se abstuvieron ayer de declarar ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez.
El abogado de ambos, Mario Alejandro Mirra, explicó que sus defendidos se presentaron en forma espontánea, pero no declararán hasta que no conozcan la documentación remitida por la Fiscalía de Estado, al efectuar la denuncia. "Queremos ver las pruebas y elementos existentes para analizar los pasos a seguir", admitió el letrado al salir de la Fiscalía.
La investigación comenzó el 14 de marzo, cuando el fiscal de Estado, Guillermo Curia, se presentó ante Jerez para que se investigue una supuesta malversación de fondos en perjuicio del Estado.
El mecanismo delictual constatado consistía en que, de la cuenta "Devolución de sueldos y asignaciones familiares" a docentes, se desviaban a la de "Retenciones" los montos no ejecutados. Las sumas se habrían incorporado irregularmente a la cuenta especial de "Venta de libros callejeros" y "Alcorta y Vicente Sociedad de Hecho", propiedad de los imputados.La irregularidad saltó cuando el subtesorero de la Tesorería General, Oscar Yankelevich, observó que la cuenta de los libreros se incrementaba cuando una docente le preguntó hasta cuándo le harían los descuentos.
Cifras llamativas
Jerez admitió que Vicente y Alcorta cobraron por la venta de libros alrededor de $ 250.000 desde el año pasado hasta la fecha.
Mirra descartó tajantemente esa cifra. "Lo que recibían eran montos normales, pero no sabemos cómo se hacían las transacciones. Ellos venden libros desde hace 15 años y nunca tuvieron ningún inconveniente", resaltó.
El dato que llamó la atención a Jerez es que al conocer la denuncia, Alcorta y Vicente se presentaron en Tesorería diciendo que, de acuerdo con una auditoría interna, se dieron con la novedad de que cobraron de más, "por lo que querían que les dijeran cuánto cobraron de más y ellos devolverían el monto".
El abogado de ambos, Mario Alejandro Mirra, explicó que sus defendidos se presentaron en forma espontánea, pero no declararán hasta que no conozcan la documentación remitida por la Fiscalía de Estado, al efectuar la denuncia. "Queremos ver las pruebas y elementos existentes para analizar los pasos a seguir", admitió el letrado al salir de la Fiscalía.
La investigación comenzó el 14 de marzo, cuando el fiscal de Estado, Guillermo Curia, se presentó ante Jerez para que se investigue una supuesta malversación de fondos en perjuicio del Estado.
El mecanismo delictual constatado consistía en que, de la cuenta "Devolución de sueldos y asignaciones familiares" a docentes, se desviaban a la de "Retenciones" los montos no ejecutados. Las sumas se habrían incorporado irregularmente a la cuenta especial de "Venta de libros callejeros" y "Alcorta y Vicente Sociedad de Hecho", propiedad de los imputados.La irregularidad saltó cuando el subtesorero de la Tesorería General, Oscar Yankelevich, observó que la cuenta de los libreros se incrementaba cuando una docente le preguntó hasta cuándo le harían los descuentos.
Cifras llamativas
Jerez admitió que Vicente y Alcorta cobraron por la venta de libros alrededor de $ 250.000 desde el año pasado hasta la fecha.
Mirra descartó tajantemente esa cifra. "Lo que recibían eran montos normales, pero no sabemos cómo se hacían las transacciones. Ellos venden libros desde hace 15 años y nunca tuvieron ningún inconveniente", resaltó.
El dato que llamó la atención a Jerez es que al conocer la denuncia, Alcorta y Vicente se presentaron en Tesorería diciendo que, de acuerdo con una auditoría interna, se dieron con la novedad de que cobraron de más, "por lo que querían que les dijeran cuánto cobraron de más y ellos devolverían el monto".
Lo más popular






