Amaya llegó a la intendencia con el voto de 18 ediles y ahora sólo tuvo 10

"Quiero convocar a los demás concejales que hoy no están presentes a que se sumen, porque San Miguel de Tucumán es nuestra tierra". Esa invitación salió de Domingo Amaya en un tramo de su discurso, luego de jurar como intendente de la capital en la sesión del viernes del Concejo Deliberante.
Esas palabras no fueron caprichosas, sino que apuntan a recuperar el respaldo de todos los concejales. El jefe municipal es consciente de la debilidad política que cosechó en menos de dos años entre las distintas bancadas.
Cuando llegó a la intendencia por primera vez, Amaya fue votado por los 18 concejales, en una sesión que se concretó el 10 de noviembre de 2003. Ese aval político se dio en circunstancias muy distintas, porque el municipio estaba en crisis y aparecían rumores de una intervención.
En aquel momento, Amaya había asumido en forma provisoria, con un plazo máximo de 18 meses. Su primer compromiso público fue investigar la deuda municipal.
"Queremos determinar si se hicieron bien las cosas, para después contarles a los vecinos cuál es la situación real de la Municipalidad y dónde están los dineros que son de ellos, porque pagaron sus impuestos", había declarado apenas juró en el cargo a fines de 2003.

Nueva estrategia
En 2004, el oficialismo tejió una nueva estrategia para afianzar el futuro político del intendente, ante los constantes reclamos que surgían de algunos sectores de la oposición que reclamaban que se convoque a elecciones.
"Si llevan a cabo esa iniciativa, será un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que hacemos en la Municipalidad. Ellos me han elegido y ellos decidirán", dijo en julio de 2004.
Entonces, el concejal Ramón Santiago Cano (PJ) tomó la posta para satisfacer ese planteo que había nacido en la Casa de Gobierno. "No puede haber un intendente a plazo fijo. Esta es una propuesta seria para cambiarle la cara a la ciudad", había señalado Cano para defender la propuesta.
Fue así que el 7 de julio de 2004, el Concejo Deliberante sesionó para prorrogar el mandato de Amaya hasta 2007, pero los radicales le agregaron una cláusula de provisoriedad (hasta tanto se defina la situación judicial de Antonio Bussi).
En aquella votación no pudo lograr los 18 votos de los concejales. Sólo obtuvo la aprobación de 14 ediles (9 del PJ, 4 de la UCR y el de Hugo Danesi). Los tres ediles bussistas se abstuvieron de emitir su voto; en tanto que Eduardo de Zavalía (Recrear) directamente se pronunció por el rechazo.
El viernes, Amaya bajó su caudal de aceptación a sólo 10 votos; aunque la coyuntura electoral ejerció una marcada influencia.