La celeridad con la que el Concejo Deliberante aceptó la renuncia del intendente electo, Antonio Domingo Bussi, y designó a Domingo Amaya para completar el mandato hasta 2007, no pudo disimular el escándalo político desatado y la judicialización de la discusión municipal.
El primero en plantear ante la Justicia la inconstitucionalidad de lo actuado por los ediles fue el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ).
El ex candidato a intendente presentó ayer en la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo. Objeta el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades, que sólo faculta al Concejo de la capital a designar a cualquier ciudadano en los casos de vacancia o acefalía del jefe municipal electo por razones de muerte, destitución, renuncia o inhabilitación.
"El Concejo recurre a una suerte de elección indirecta y colegiada del nuevo intendente, lo que viola tajantemente el artículo 112 de la Constitución provincial, que es claro al establecer que el Ejecutivo estará a cargo de un intendente elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios", dijo. Vargas Aignasse recordó que ese artículo "lleva la letra y el espíritu que le impregnaron las autoridades militares que gobernaron Tucumán en 1983".
"Desconoce el precepto constitucional -interpretó- por el simple hecho de que es anterior a la sanción de la reforma constitucional de 1990".
El parlamentario, además, cuestionó la resolución sancionada el viernes por los nueve ediles justicialistas y por Hugo Danesi (ex Ciudadanos Independientes), por la que se designó a Amaya reemplazante de Bussi.
"Esa resolución viola, lesiona, restringe y altera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos en la Constitución provincial", opinó.
Finalmente, Vargas Aignasse fustigó a los ediles del PJ que avalaron la continuidad del ex intendente provisorio.
"Me da vergüenza que hayan cantado la marcha peronista después de haber sepultado a la democracia constitucional en la capital. No deben olvidar que provenimos de un partido con muertos, perseguidos y desaparecidos en defensa de la democracia", espetó.
El primero en plantear ante la Justicia la inconstitucionalidad de lo actuado por los ediles fue el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ).
El ex candidato a intendente presentó ayer en la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo. Objeta el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades, que sólo faculta al Concejo de la capital a designar a cualquier ciudadano en los casos de vacancia o acefalía del jefe municipal electo por razones de muerte, destitución, renuncia o inhabilitación.
"El Concejo recurre a una suerte de elección indirecta y colegiada del nuevo intendente, lo que viola tajantemente el artículo 112 de la Constitución provincial, que es claro al establecer que el Ejecutivo estará a cargo de un intendente elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios", dijo. Vargas Aignasse recordó que ese artículo "lleva la letra y el espíritu que le impregnaron las autoridades militares que gobernaron Tucumán en 1983".
"Desconoce el precepto constitucional -interpretó- por el simple hecho de que es anterior a la sanción de la reforma constitucional de 1990".
El parlamentario, además, cuestionó la resolución sancionada el viernes por los nueve ediles justicialistas y por Hugo Danesi (ex Ciudadanos Independientes), por la que se designó a Amaya reemplazante de Bussi.
"Esa resolución viola, lesiona, restringe y altera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos en la Constitución provincial", opinó.
Finalmente, Vargas Aignasse fustigó a los ediles del PJ que avalaron la continuidad del ex intendente provisorio.
"Me da vergüenza que hayan cantado la marcha peronista después de haber sepultado a la democracia constitucional en la capital. No deben olvidar que provenimos de un partido con muertos, perseguidos y desaparecidos en defensa de la democracia", espetó.








