Los cuestionamientos del gobernador, José Alperovich, contra un hipotético fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que haga caer la convocatoria a comicios de constituyentes fijada para el 23 de octubre, no cayeron bien en tribunales. Las críticas del mandatario, así como de referentes del oficialismo, contra los motivos y los tiempos procesales de la Justicia para dictar sentencia en las causas presentadas contra esa elección, generaron un notorio malestar. Pero el presidente del máximo tribunal, Alfredo Carlos Dato, prefirió no opinar sobre la cuestión.
"Me propuse no hacer declaraciones en estos temas sujetos a decisión. Debemos ser muy concretos desde la Corte, y circunscribirnos a la litis. Sobre las otras consideraciones, no corresponde que sean respondidas en este momento", afirmó, dejando la puerta abierta para una respuesta futura.
Como se recordará, Alperovich aseguró el miércoles que el fallo que dicte el superior tribunal será político. "Todo debate sobre un sistema electoral tiene alguna implicancia en ese sentido, pero todo será hecho en función de la interpretación de la ley en su relación con la Constitución provincial", se limitó a señalar Dato.
Sin condicionamientos
Las relaciones entre los poderes se tensaron tras la opinión no vinculante del ministro fiscal, Luis de Mitri, quien les dio la razón a los planteos de Enrique Pedicone, de Miguel Mibelli, y de Carlos Posse y de Víctor Arias contra el llamado a votar. Dato resaltó que ese pronunciamiento no los condiciona. "El plazo es de 15 días hábiles, a contar desde el martes próximo. La Corte fallará en ese tiempo. Son expedientes importantes, pero el tratamiento es el mismo de cualquier sentencia: se estudia, se trabaja, se hace un proyecto de fallo; y cuando hay acuerdo, se pasa en limpio y se firma. Todo en el tiempo en que fija la misma ley procesal", resaltó el magistrado.
El titular de la Corte admitió que algunos litigantes plantearon que renazca el sistema de Ley de Lemas para elegir convencionales, tema que está sujeto a consideración en el fallo definitivo.
El cuerpo también tiene a su estudio la presentación de Exequiel Avila Gallo por el mismo asunto (declarada de puro derecho, decisión que quedará firme la próxima semana). Pero aún no recibió la denuncia de Antonio Guerrero, tras la declaración de incompetencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
"Me propuse no hacer declaraciones en estos temas sujetos a decisión. Debemos ser muy concretos desde la Corte, y circunscribirnos a la litis. Sobre las otras consideraciones, no corresponde que sean respondidas en este momento", afirmó, dejando la puerta abierta para una respuesta futura.
Como se recordará, Alperovich aseguró el miércoles que el fallo que dicte el superior tribunal será político. "Todo debate sobre un sistema electoral tiene alguna implicancia en ese sentido, pero todo será hecho en función de la interpretación de la ley en su relación con la Constitución provincial", se limitó a señalar Dato.
Sin condicionamientos
Las relaciones entre los poderes se tensaron tras la opinión no vinculante del ministro fiscal, Luis de Mitri, quien les dio la razón a los planteos de Enrique Pedicone, de Miguel Mibelli, y de Carlos Posse y de Víctor Arias contra el llamado a votar. Dato resaltó que ese pronunciamiento no los condiciona. "El plazo es de 15 días hábiles, a contar desde el martes próximo. La Corte fallará en ese tiempo. Son expedientes importantes, pero el tratamiento es el mismo de cualquier sentencia: se estudia, se trabaja, se hace un proyecto de fallo; y cuando hay acuerdo, se pasa en limpio y se firma. Todo en el tiempo en que fija la misma ley procesal", resaltó el magistrado.
El titular de la Corte admitió que algunos litigantes plantearon que renazca el sistema de Ley de Lemas para elegir convencionales, tema que está sujeto a consideración en el fallo definitivo.
El cuerpo también tiene a su estudio la presentación de Exequiel Avila Gallo por el mismo asunto (declarada de puro derecho, decisión que quedará firme la próxima semana). Pero aún no recibió la denuncia de Antonio Guerrero, tras la declaración de incompetencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
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