Habrá una tarifa social para el servicio eléctrico

La necesidad de una tarifa económica surgió de las conclusiones de la audiencia pública en la que se debatió una suba del 15%. El rol de la Legislatura.

23 Agosto 2005
Los usuarios de bajos recursos se beneficiarán con la implementación de una tarifa social para el servicio eléctrico de la provincia. Dicha tarifa se elaborará durante de la renegociación del contrato de concesión, proceso que se iniciará la próxima semana y finalizará el 31 de diciembre. Así lo acordaron ayer el ministro de Economía, Jorge Jiménez, el gerente general de EDET, Esteban Hund Villagra, y Vittorio Orsi, representante de la accionista de la firma, Norelec SA.
La tarifa social podría regir a partir de marzo o abril de 2006; su inclusión en el acta de entendimiento fue acordada luego de que el fiscal de Estado, Antonio Estofán, elevó a Economía las conclusiones de la audiencia pública realizada el pasado 5 de agosto.
Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de usuarios rechazaron el acta de entendimiento (en la que se incluye la suba tarifaria del 15% para todos los usuarios, excepto los residenciales) e insistieron en la necesidad de establecer una tarifa económicamente accesible para los consumidores de escasos recursos.
Según informó a LA GACETA el asesor legal del Ministerio de Economía, Ignacio Colombres, las partes también acordaron ayer la incorporación al acta de un sistema de contabilidad regulada y la realización de auditorías a los bienes de la firma.
El acta de entendimiento es un convenio provisorio suscripto entre EDET y el PE, que establece el aumento del 15%, y es previo a la renegociación del contrato.
La suba se aplicará, en forma retroactiva, desde julio hasta el 1 de mayo de 2006. El PE y EDET argumentan que los recursos obtenidos serán destinados a obras de emergencia en materia de distribución de energía.
Asimismo, durante la vigencia del acta, EDET y sus accionistas no deberán iniciar acciones administrativas ni judiciales en contra de la Provincia y tendrán que suspender las demandas ante tribunales locales e internacionales, como la que está entablada en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Un viejo reclamo
La Legislatura recibió ayer el decreto del PE mediante el cual se remite el acta; pero aún resta definirse si debe aprobarlo para que entre vigencia la suba del 15% o si sólo tiene que revisarlo (ver "Sin definición").
La renegociación de los contratos con las concesionarias de servicios públicos es un proceso reclamado por las prestadoras de todo el país, tras el congelamiento de las tarifas dispuesto durante la crisis económica de 2002. La realización de las renegociaciones está establecida en la ley de Emergencia Económica, vigente desde la presidencia de Eduardo Duhalde. El único contrato que debe renegociar la Provincia es el que tiene firmado con EDET.

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