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La investigación judicial que apunta al manejo de fondos dentro de la AFA sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con allanamientos simultáneos en sus principales sedes. La medida fue ordenada por el juez de Campana, Adrián González Charvay, quien dispuso operativos tanto en el edificio de la calle Viamonte, en CABA, como en el predio de Ezeiza, donde funciona el complejo Lionel Andrés Messi.
Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de Prefectura Naval Argentina y se enmarcan en una causa que busca reconstruir el circuito financiero de distintas operaciones vinculadas a la entidad. En particular, los investigadores pusieron el foco en los contratos firmados entre la AFA y la firma TourProdEter LLC, encabezada por Javier Faroni y Erica Gillete, encargada de la comercialización internacional de los negocios de la Selección argentina.
Durante los allanamientos en Ezeiza y en la sede administrativa, la Justicia intentó recolectar documentación clave, especialmente aquella relacionada con acuerdos comerciales y registros contables. El objetivo es determinar si existe una conexión entre esos contratos y el origen de los fondos utilizados para la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar, valuada en alrededor de 17 millones de dólares.
Esa mansión, que se encuentra bajo la lupa judicial, es uno de los ejes centrales de la investigación. Según las sospechas, la operación inmobiliaria habría sido realizada mediante intermediarios o presuntos testaferros, lo que abre interrogantes sobre la posible participación de dirigentes de la AFA. Entre los nombres que aparecen vinculados en el expediente figura el de Toviggino, dirigente de peso dentro de la estructura del fútbol argentino.
La causa también pone la atención en la firma Real Central SRL, a la que se le atribuye la compra del inmueble en Pilar. La empresa está registrada a nombre de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos imputados. De acuerdo con la denuncia, la sociedad no habría logrado justificar el origen de los fondos utilizados en la operación, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber funcionado como una pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios.
En paralelo, la discusión sobre qué juzgado debe continuar con la investigación sigue abierta. La causa fue trasladada al fuero federal de Campana por decisión de la Cámara Federal de San Martín, en función de la ubicación del inmueble. Sin embargo, esa resolución fue cuestionada por el juez en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Aguinsky, y por los fiscales que intervienen en el caso.
Ahora, la definición quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver el conflicto de competencia en las próximas semanas. La audiencia para exponer los argumentos de las partes fue fijada para el 30 de marzo a las 11.30. El máximo tribunal penal federal ya aceptó revisar el planteo de la fiscalía, al considerar que el rechazo inicial del recurso había sido “erróneamente denegado”.
