Las inundaciones son fenómenos que golpean y, a la vez, exponen. Más allá de las consecuencias inmediatas que genera el agua cuando llega, cubre y arrasa, tiene la capacidad de dejar al desnudo problemas profundos y de larga data.
En Tucumán las falencias parecen haberse condensado en un número concreto: más de 200 escuelas no pudieron abrir sus puertas los primeros días tras el último temporal de lluvias que anegó varias localidades.
El impacto no había empezado ahí. Antes de que se produjeran los episodios de mayor gravedad, el Gobierno había decidido suspender de manera preventiva las clases en todo el territorio provincial durante varios días. La medida que las autoridades tomaron para resguardar la seguridad de alumnos y docentes, fue un indicio de la fragilidad de la infraestructura que quedaría luego más evidenciada.
La decisión abrió, además, un frente político inmediato. En la oposición cuestionaron con dureza la suspensión, con críticas que fueron desde la ironía hasta planteos más estructurales sobre el estado de edificios, de rutas y de canales. Del otro lado, el oficialismo respondió con la misma intensidad. Defendió la medida como una decisión necesaria ante un fenómeno climático extraordinario y acusó a sus detractores de oportunismo político y de falta de coherencia, en una discusión que rápidamente superó lo educativo.
“Tenemos ríos y diques llenos de agua; desagües y banquinas llenas de agua. Los milímetros que han caído en estos meses han saturado las napas: milímetro que cae, milímetro que corre”, había expresado Jaldo cuando visitó La Madrid, una de las localidades más afectadas. “En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán”, lamentó entonces el mandatario.
Al margen de los entredichos, la situación general pintó con el paso de los días una radiografía de la infraestructura, sobre todo, del interior provincial. En el registro oficial que publicó el Ministerio de Educación de la provincia el 13 de marzo, se da cuenta de cada establecimiento y del motivo por el que no pudo volver a habilitar las aulas para dictar clases.
La planilla habla de caminos precarios que no resisten, de infraestructura débil que se daña con el agua, de servicios básicos que colapsan y de edificios públicos que deben transformarse en refugio de sus vecinos ante la emergencia.
El Gobierno provincial activó un esquema de monitoreo, limpieza y reparación, y proyectó una vuelta gradual a las actividades normales. Es una respuesta esperable en un contexto excepcional y que requirió esfuerzos de diferentes áreas.
Es cierto que, ante situaciones de emergencia, no hay soluciones instantáneas ni escenarios ideales. Pero la excepcionalidad de estos casos no debería impedir una pregunta: ¿cuánto de esta crisis es producto del fenómeno climático y cuánto responde también a vulnerabilidades acumuladas?.
Se hicieron operativos y reparaciones en las instituciones educativas afectadas y una parte importante pudo retomar sus actividades. De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el martes eran 107 las instituciones que seguían con inconvenientes.
En la mayoría de los casos, los problemas reportados en torno a las escuelas no empezaron con las lluvias, sino que se agravaron. Tienen que ver con la calidad de los caminos rurales y con el estado de los edificios.
La vuelta a clases de manera progresiva, tal como se está llevando adelante, marca un primer signo de normalización. Sería un error, sin embargo, que ese retorno cierre el debate pendiente. Porque lo que está en juego no es sólo la recuperación del calendario escolar, sino la discusión sobre qué tan preparado está el sistema todos los aspectos para enfrentar crisis que, lejos de ser excepcionales, empiezan a volverse recurrentes en algunas zonas.
