PARTICIPACIÓN. Asistieron personas de distintos puntos de la provincia.
Diversas organizaciones civiles, agrupaciones de padres y ciudadanos independientes realizaron ayer una concentración frente a la Casa de Gobierno bajo con el objetivo de visibilizar cuestionamientos al funcionamiento del fuero de Familia y al uso de medidas cautelares en casos de violencia de género.
La actividad se llevó a cabo en plaza Independencia y reunió a personas que, según expresaron los organizadores, buscan abrir un debate sobre denuncias que consideran falsas, la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial y las dificultades para mantener vínculos parentales en medio de conflictos familiares.
“Nosotros lo que estamos haciendo es visibilizar una situación que se viene dando en distintos lugares del mundo”, señaló Hernán Rodríguez Salazar, uno de los referentes de la convocatoria.
Los organizadores sostuvieron que la aplicación de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres puede derivar, en algunos casos, en medidas cautelares que se dictan sin investigación previa.
“A través de esta ley se pueden dictar medidas preventivas como exclusiones del hogar o restricciones de acercamiento. El problema que planteamos es que muchas veces esas medidas se toman sin investigación y terminan impidiendo el contacto de los padres con sus hijos por años”, afirmó Rodríguez Salazar.
Según su interpretación, esta situación genera una inversión de la carga de la prueba.
El impacto
Durante la concentración también habló Gonzalo Pizarro, quien planteó que uno de los principales efectos de estas medidas es la interrupción de los vínculos entre padres e hijos. A su vez, el referente indicó que, desde su perspectiva, el sistema judicial enfrenta dificultades para distinguir rápidamente entre denuncias fundadas y denuncias falsas.
Entre los principales ejes del reclamo también se mencionó la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley. “Nosotros no marchamos contra nadie, marchamos a favor de la justicia”, expresó Pizarro y sentenció: “Creemos que es necesario abrir un debate sobre cómo se están aplicando estas normas y sobre el impacto que tienen en las familias”.
