El Gobierno impulsará reformas para que los directivos de las plataformas enfrenten responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. "España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años", confirmó el mandatario durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos.
Sánchez explicó que la iniciativa busca implementar controles estrictos más allá de los actuales: "Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen", alineándose con una tendencia regulatoria que ya inició Australia en diciembre y que estudian países como Francia y Portugal.
El jefe del Ejecutivo español fundamentó la decisión en los riesgos que enfrentan los adolescentes en el entorno digital. "Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos", sostuvo, para luego enumerar peligros como "adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia".
Con un tono tajante, Sánchez sentenció: "Ya no lo aceptaremos más". La medida forma parte de un paquete de cinco acciones concretas que, según adelantó, comenzarán a aprobarse "a partir de la semana que viene".
Responsabilidad penal para los directivos
Además de la restricción de edad, el Gobierno español impulsará cambios legislativos para endurecer las penas contra las empresas tecnológicas. Sánchez advirtió que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".
En esa línea, detalló el alcance de la futura normativa: "Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio".
A pesar del anuncio internacional, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en el ámbito local, ya que no cuenta con mayoría parlamentaria propia y ha tenido dificultades recientes para reunir los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar nuevas leyes.
