El escenario político nacional ingresó en una etapa de definiciones estructurales con la reforma laboral como eje central. En este contexto, el gobierno de Javier Milei parece haber abandonado la urgencia de los tratamientos expeditivos para adoptar una estrategia de negociación más pragmática y dilatada. Según el analista Patricio Adorno, la decisión de postergar el debate en el Senado para febrero responde a un aprendizaje institucional: la necesidad de construir consensos “al contado” con los actores que realmente ostentan el poder territorial.
En diálogo con LA GACETA, el profesional sostuvo que en este nuevo esquema de prioridades de la Casa Rosada y los gobernadores “dialoguistas” han pasado a ocupar el primer escalafón de relevancia, superando incluso a los bloques legislativos tradicionales. Al trasladarse la discusión al Senado, el efecto poblacional se diluye y las provincias recuperan una paridad de fuerzas que beneficia a mandatarios como el tucumano Osvaldo Jaldo. Para el Ejecutivo Nacional, el orden de prioridades es claro: primero los dialoguistas, luego la alianza UCR-PRO, y finalmente el núcleo duro de senadores propios.
Para el licenciado en Ciencias Políticas, el rol del gobernador Jaldo destaca por su capacidad de interpretar la dinámica de la segunda mitad del mandato de Milei. Sin las presiones electorales que marcaron los años anteriores, Jaldo y sus pares han entendido que la negociación es la norma. “Los gobernadores saben que la Casa Rosada está dispuesta a retribuir los apoyos parlamentarios, pero también aprendieron que el Gobierno nacional suele demorar el cumplimiento de sus promesas. Esta experiencia previa es la que hoy marca el ritmo de las conversaciones”, remarcó.
En esta danza de intereses, las retribuciones ya no son abstractas. Para Tucumán, la moneda de cambio se tradujo en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mientras que para otras provincias aliadas como Salta o Catamarca, los beneficios se cristalizaron entre designaciones en organismos clave o la asunción de competencias nacionales.
Sin embargo, la relación no es de subordinación. En el marco de su análisis, Adorno enfatizó que los gobernadores ya le dieron una lección al Gobierno nacional al demostrar que pueden actuar de manera coordinada frente a temas sensibles como el financiamiento universitario. Este antecedente le permite a mandatarios, como Osvaldo Jaldo, sentarse a la mesa con un límite claro: la capacidad negociadora del Gobierno tiene un tope, y las provincias no están dispuestas a ceder autonomía fiscal ni recursos básicos para la subsistencia de sus administraciones.
Uno de los puntos más críticos de la negociación gira en torno a la coparticipación. La reforma laboral, según trasciende, podría impactar negativamente en la recaudación, un escenario alarmante para las finanzas provinciales en la primera mitad de 2026.
Ante este panorama, Adorno anticipa dos posibles desenlaces para los artículos que afectan la caja provincial. O bien se derogan como “moneda de cambio” para que el Gobierno salve otros aspectos de la norma (como los vinculados a la representación gremial), o permanecen un cambio de compensaciones coyunturales directas hacia las provincias. En cualquier caso, el factor económico es el que dictará la sentencia final sobre la viabilidad del proyecto oficial.
En cuanto a la oposición, el escenario parece jugar a favor de la estrategia de los gobernadores. El interbloque del PJ en el Senado, conducido por José Mayans, se encuentra fragmentado y debilitado, contando apenas con un tercio de la cámara. Esta debilidad los obliga a actuar en los márgenes, intentando presionar sobre las modificaciones que los propios dialoguistas introduzcan. Paradójicamente, Jaldo y los suyos terminan siendo la “punta de lanza” de una oposición orgánica que ha perdido capacidad de iniciativa.
Ofensiva de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido pasar a la ofensiva ante la inminente definición de la reforma laboral impulsada por la administración libertaria. Bajo la premisa de que el proyecto oficialista solo “piensa en despedir mejor, pero no en contratar mejor”, la central obrera se ha fijado un doble objetivo: bloquear la iniciativa en el Congreso o, como meta de mínima, licuar sus puntos más críticos. Aunque los dirigentes sindicales colaboraron en una contrapropuesta peronista, admiten que esta tiene pocas posibilidades de prosperar.
Para quebrar el avance libertario, la central iniciará esta semana una ronda de reuniones clave con gobernadores provinciales, tanto peronistas como de la oposición dialoguista.
Como telón de fondo de estas negociaciones, la CGT mantiene activa la amenaza de medidas de fuerza. En paralelo a las gestiones políticas, se han intensificado las reuniones con las delegaciones regionales para coordinar posibles movilizaciones o incluso un nuevo paro general.
