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El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobienro de Javier Milei incluye una serie de medidas destinadas a reducir los costos de contratación para las empresas y fomentar el empleo formal. Sin embargo, esos beneficios no comenzarían a regir automáticamente si la ley es aprobada por el Congreso. Por el contrario, su puesta en marcha quedaría sujeta a una decisión posterior del Ministerio de Economía, que evaluará el cumplimiento de las metas fiscales antes de habilitarlas.
Según consigna el diario La Nación, la estrategia apunta a evitar un impacto inmediato sobre las cuentas públicas. Como el proyecto no establece con qué recursos se compensaría la menor recaudación derivada de los alivios impositivos y previsionales -un punto que en el pasado motivó vetos presidenciales a iniciativas opositoras-, el Gobierno busca ahora que el Congreso le delegue la facultad de definir el momento oportuno para su aplicación.
Esta cláusula fue incorporada a último momento en el Senado, a través del artículo 212 del dictamen firmado en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, ambos de La Libertad Avanza. Allí se establece que los capítulos del proyecto que impliquen una merma en la recaudación entrarán en vigencia “cuando así lo disponga el Ministerio de Economía”, en función del equilibrio fiscal.
Entre los puntos alcanzados por esta decisión se encuentran la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), modificaciones en el impuesto a las Ganancias y una reducción de la carga tributaria que incluye la eliminación de impuestos internos. Ninguna de estas medidas tendría una fecha cierta de implementación, aun con la ley sancionada.
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Menores contribuciones y el impacto previsional
Uno de los ejes centrales del proyecto es el FAL, un mecanismo que reemplazaría el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. A cambio de realizar aportes periódicos a un fondo destinado a eventuales desvinculaciones, los empleadores accederían a una rebaja en las contribuciones patronales que financian el sistema de seguridad social.
Según el dictamen, la reducción prevista es de tres puntos porcentuales sobre las contribuciones patronales, aplicable a las relaciones laborales alcanzadas por el FAL, con excepción del empleo en la construcción y el servicio doméstico. El objetivo es que el nuevo esquema no implique un mayor costo para las empresas: el aporte al fondo sería compensado con una baja equivalente en las cargas sociales.
A diferencia del texto original enviado por el Poder Ejecutivo, el dictamen eliminó un artículo que reducía las alícuotas generales de contribuciones. De este modo, el beneficio quedaría limitado exclusivamente a quienes adhieran al nuevo fondo y no tendría un alcance generalizado.
Actualmente, la ley vigente fija una alícuota del 20,4% para grandes empresas de comercio y servicios, y del 18% para el resto de los empleadores, incluidas las pymes y el sector público. Los recursos recaudados se distribuyen entre el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo y el PAMI.
¿Quién cubre el faltante?
Si el FAL entra en vigencia, parte de los fondos que hoy recibe la Anses dejarían de ingresar por la vía de las contribuciones patronales. Como no se prevén cambios en el cálculo de las jubilaciones ni en su movilidad, ese faltante debería ser cubierto con recursos provenientes de otros impuestos o con transferencias del Tesoro Nacional.
De acuerdo con datos oficiales, en 2025 el 84,5% de los ingresos de la Anses provino de recursos propios -aportes, contribuciones e impuestos con asignación específica- y el 15,5% restante fue financiado por el Tesoro. En términos del producto bruto interno, el sistema previsional utilizó recursos equivalentes al 5,6% del PBI.
El economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, estimó que el desvío de fondos hacia el FAL implicaría una pérdida cercana al 0,5% del PBI para el sistema previsional. “No es un monto decisivo, pero sí relevante. Si no hay más recaudación, la diferencia la tendrá que cubrir el Tesoro”, advirtió.
Empleo y expectativas
Según el medio La Nacín, desde el Gobierno sostienen que la menor carga sobre las empresas podría traducirse en más empleo formal y, con ello, en una mayor recaudación que ayude a compensar el impacto fiscal. Sin embargo, los especialistas advierten que es difícil anticipar ese efecto.
“Es imposible estimar cuánto podría crecer el empleo”, señaló Giordano a ese diario, quien remarcó que el sistema previsional argentino enfrenta problemas estructurales más allá del déficit, como inequidades, incentivos distorsivos y el impacto del envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad.
En ese marco, el proyecto no introduce cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria ni en los montos de las prestaciones. Tampoco contempla aumentos del bono para los haberes más bajos ni pagos extraordinarios. Además, se mantendrán los ajustes mensuales de la Asignación Universal por Hijo y del salario familiar, luego de que el Congreso rechazara la intención oficial de eliminar esos mecanismos.
