SIMILITUD. Los paquetes de coca vienen con sellos, como ocurre con los ladrillos de cocaína.
La falta de regulación terminó favoreciendo el negocio de venta de hojas de coca en todo el país. El problema se mantiene vigente desde hace casi 50 años. Desde 2020, cuando se registró una explosión en la difusión del coqueo a partir de la pandemia, varios parlamentarios presentaron distintos proyectos que nunca fueron tratados. Hoy, la masividad del consumo ha generado un negocio millonario.
Los primeros registros indican que en 1916 se importaban desde Bolivia unas 200 toneladas del producto hacia la Argentina. No hubo grandes cambios hasta 1945, cuando, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón se resolvió ordenar y cupificar el ingreso de esa mercadería al país, hasta tanto se definieran los pasos a seguir frente a las críticas que despertaba el coqueo en ese entonces.
Mediante otro decreto firmado en 1951, el Ministerio de Salud Pública prohibió el consumo de hojas de coca. Las catalogó como estupefacientes y calificó al coqueo como un vicio “pernicioso, individual y colectivamente, por sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales”. En la misma norma se aclaró que la medida no alcanzaba a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, por tratarse de una costumbre milenaria. Sin embargo, en 1952 se dispuso que sólo se podían importar 250 toneladas anuales para abastecer la demanda de esta región.
En 1958, Tucumán fue excluida de las zonas habilitadas, luego de que se ordenara reducir el cupo de importación a 190 toneladas. No obstante, nunca se creó un organismo encargado de controlar que se cumpliera efectivamente con esa disposición.
El escenario volvió a modificarse en 1961, durante una convención sobre sustancias controladas realizada en Viena. En base a un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, la hoja de coca fue considerada una droga y se exhortó a los países miembros a prohibir su consumo. En 1978, mediante un decreto firmado por Jorge Rafael Videla, Argentina adhirió a esa recomendación y anuló la importación y comercialización de hojas de coca en todo el territorio nacional, incluida Salta y Jujuy. Esa medida continúa vigente.
En 1989, al sancionarse la ley 23.737, se despenalizó el coqueo y el consumo de infusiones elaboradas con hojas de coca, a partir de un proyecto presentado por el fallecido dirigente jujeño Guillermo Snopek. Ese avance, sin embargo, chocó con otra traba legal: la hoja de coca nunca fue eliminada del listado de sustancias prohibidas. Por lo tanto, no puede importarse, producirse ni comercializarse legalmente.
En los últimos años, diputados de distintas provincias impulsaron proyectos para regularizar este mercado. Todas las iniciativas coincidían en un punto central: habilitar la importación y asignar al Estado el control de la actividad. De ese modo, no sólo se evitaría el contrabando, sino que además se podrían cobrar impuestos por cada operación, incluidos los eslabones minoristas.
Algunos parlamentarios incluso propusieron permitir una producción controlada, similar a la que se aplica con el cannabis medicinal. Esa alternativa, sin embargo, encontró una fuerte resistencia, ya que se considera que podría convertirse en un primer paso hacia la elaboración de cocaína. Mientras las discusiones se dilatan, desde hace décadas este negocio no deja de crecer en el país.
