El Poder Ejecutivo reestructuró la SIDE por decreto y desató fuertes críticas de la oposición

El Gobierno nacional avanzó este viernes con una profunda modificación del sistema de inteligencia al publicar en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y le otorga nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de aprehender personas. La iniciativa, que ya había sido anticipada por el Poder Ejecutivo, generó un inmediato rechazo de sectores de la oposición, que advirtieron sobre riesgos de “espionaje político”.

Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la habilitación para que el organismo pueda proceder a la aprehensión de personas, así como la definición de que todas sus actividades tengan carácter encubierto. En ese sentido, el texto oficial sostiene que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

Asimismo, el Gobierno estableció que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional estarán a cargo de su propia seguridad y de la protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, y los facultó a “repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.

El decreto también precisa que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Otro de los cambios relevantes es la redefinición de las funciones de contrainteligencia. A partir de la nueva normativa, estas incluirán la prevención de acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotajes, maniobras de influencia, injerencia o interferencia de factores externos que afecten el proceso decisorio de las autoridades del sistema republicano, los intereses estratégicos nacionales o a la población en general.

El DNU también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que tendrá como misión planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos utilizados en la prestación de servicios públicos esenciales y en el Sector Público Nacional.

Desde la oposición anticiparon que el próximo escenario de disputa será el Congreso, donde buscarán impugnar el decreto para evitar su vigencia, aunque reconocen que la tarea será compleja, ya que para dejarlo sin efecto se requiere el rechazo de ambas cámaras. Si una de ellas no lo trata o no lo rechaza, el DNU continuará vigente.

Según indicaron fuentes de Propuesta Republicana (PRO) al diario La Nación, el espacio trabaja en un comunicado conjunto con el oficialismo. En paralelo, la comisión bicameral encargada de fiscalizar los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances y fundamentos de la reforma.

Las críticas más duras llegaron desde sectores de la oposición. El exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y que “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Además, recordó que es la segunda vez que el presidente Javier Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. “Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, cuestionó la decisión y planteó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”. Y agregó: “Si este DNU que modifica la ley de inteligencia nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”.