“Trencito con delincuentómetro”

El “Crackdown” es la acción policial rápida, enérgica, intensa, enfocada en ciertas áreas conflictivas, para pacificarlas. En Tucumán es “El Trencito” (así llamado por Fernando Korstanje, del Comité Nacional contra la Tortura, y el abogado Carlos Garmendia, que denuncia con frecuencia los excesos policiales) y lo están aplicando a mansalva en los barrios de comunidades vulnerables. Hace unos días hubo amplia discusión pública por el megaoperativo del viernes pasado en Villa 9 de Julio y San Cayetano que arrojó 200 detenidos y diferentes secuestros. Ahora fue en 25 barrios de Banda del Río Salí y Alderetes, con 100 detenidos y secuestros de 96 motos con problemas de papeles, seis bicicletas, una garrafa y un caballo pura sangre que andaba suelto, sin dueño a la vista.

Son, efectivamente, “trencitos” que incluyen a muchos agentes de diferentes áreas policiales que se realizan, al decir del mismo jefe de Policía, Joaquín Girvau, desde hace un año, cuando asumió el Gobierno, en “distintos barrios populares (lugares con mayor índice delictivo”, como describe en su comunicado el jefe de la Unidad Regional Este, comisario general Carlos Ruiz, que aclara que se hizo “previo análisis estadístico criminal”. Ese mismo argumento tuvo hace unos días Girvau: “tenemos una oficina que está trabajando diariamente con estadísticas que nos dicen dónde debemos actuar. Con esa información, se organiza un operativo y hacemos tareas de prevención. Esto no es nuevo, lo venimos aplicando y nos está dando buenos resultados como la reducción de más del 30% de los homicidios”.

A favor y en contra

¿Prevención o represión a mansalva? En una consulta de LA GACETA a algunos vecinos de los barrios -no es una encuesta sino apenas un sondeo con pocas respuestas- se hallaron opiniones divididas. Por un lado, los vecinos que temen el caos de las calles: “Hay que acabar con esa costumbre que tienen los jóvenes de juntarse en las esquinas a tomar y a drogarse. Ahí nacen los problemas. Si no se matan, salen a robar porque no tienen plata”, dijo una señora de San Cayetano. Por otro, los que dicen que se detiene a la gente por portación de cara; simplemente por estar o por quejarse, caso en que son llevados por “resistencia a la autoridad”. “No se salvó nadie. Esos procedimientos son muy violentos. Se meten en la casa persiguiendo a algunos, les pegan a los hombres, mujeres y menores. Ni los perros se salvaron”, dijo una vecina de Villa 9 de Julio.

Hay quienes observan que en los agentes entran sin orden de allanamiento a cualquier casa, sacan a las personas y les achacan delitos o contravenciones -esa manera fácil de detener a la gente- sin que después se sepa si eran ciertos. El abogado Garmendia, que presentó junto a Korstanje una denuncia en la Justicia contra Girvau y otros jefes policiales por un “plan sistemático de violaciones de derechos”, dice que “en Tribunales no figura ninguna actuación o denuncia en contra del Sr. Quinteros, ese al que le entraron en la casa en patota y según Girvau le encontraron 13 plantas de marihuana. Nada en Tribunales, como tampoco de su hermana, la que se ve en el video que golpean ya estando detenida”.

“Mano dura sólo con delincuentes”

Girvau, peso pesado, tiene su argumento: “puedo asegurar que no hubo excesos por parte de nuestros hombres. Cada uno de los operativos está encabezado por jefes policiales que controlan al personal”. Eso sí, el jefe policial ya viene demostrando desde hace tiempo que tiene el “delincuentómetro”, porque con su sistema de constantes detenciones a rolete después van decantando y dejan en libertad a los aprehendidos por contravenciones y ubican en algún lugar de las abarrotadas comisarías o cárceles (ya están detenidas unas 3.700 personas en la provincia, entre condenados, procesados y detenidos por contravenciones). Eso va a pasar con este último megaoperativo: según el parte policial hubo 70 aprehendidos por contravenciones, de los cuales uno tenía una denuncia por prohibición de acercamiento. No se sabe en qué condición se detuvo a los otros 30 (el informe oficial del Gobierno dice que eran 100 detenidos por causas penales o contravencionales)

Girvau enfatiza: “sólo hay mano dura con la delincuencia”, así como hace unas semanas dijo que “nosotros también vamos por todo, por todos los delincuentes, por todos los que venden droga y matan gente. Que sepan que nosotros también vamos por todo”, enfatizó que “nacen delincuentes, tienen hijos delincuentes y así mueren” y lanzó una frase tremenda: “si están dispuestos a enfrentar a la Policía, no tengan duda de que van a ser abatidos por una policía que está preparada”.

Casi nadie se asombró por estas palabras. El gobernador, Osvaldo Jaldo, con mirada utilitaria, lo apoyó. “Hoy tenemos indicadores que felizmente muestran que la política de seguridad que hemos establecido en la provincia de Tucumán está dando resultado” y pese a que la frase de Girvau “corre por cuenta de él”, reiteró: “yo lo mido por estadísticas, accionar y lo que me pide el pueblo tucumano en materia de seguridad” y mezcló términos de prevención y represión al definir que seguirá equipando a la Policía “con una política de seguridad preventiva para buscar a los que delinquen”. No sólo Jaldo elogió la tarea policial, sino también la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que puso a Tucumán (y a Girvau) como ejemplo, al presentar el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal que da cuenta de la baja de homicidios y de otros delitos, notoria en estos últimos tres años en nuestra provincia.

Pacificación sólo por unas horas

¿Cómo juzgar lo que hace Girvau con su “trencito con delincuentómetro”? Se trata de operativos en barrios muy carenciados, caracterizados por el desorden y la falta de acompañamiento social y de servicios por parte de las autoridades, abandonados, acorralados por varios tipos de violencia. Históricamente abandonados, como Villa 9 de Julio o San Cayetano. Estos operativos los pacifican por unas horas pero no resuelven los problemas, y lo hacen verdaderamente violando derechos de las personas a las que detienen para averiguar después si son inocentes o infractores. Es una práctica policial constante desde siempre en esos tipos de barrios, denunciada por organizaciones sociales como Andhes y con frecuencia ignorada por la Justicia y también por la comunidad en general, que considera esas barriadas como muy lejanas, abandonadas a la buena de Dios, como de otro país.

Sería importante saber qué estudios se hacen para medir la efectividad de estos operativos, que ademas de avasallar derechos -y en riesgo de que en algún momento ocurra una tragedia- insumen grandes gastos y enorme movilización de las diferentes áreas policiales. En algún momento, hace cuatro o cinco años, se intentó estudiar la validez de los diferentes aspectos de la política de seguridad -hubo un proyecto en coordinación con la Nación, con el especialista en seguridad Tobías J. Schleider, que se abandonó apenas comenzado-. También, hace varios años, cuando se hacían operativos contra usurpaciones, se invitaba a responsables de la universidad y de la sociedad civil a acompañar esos procedimientos y validarlos críticamente.

Ahora estamos en una sociedad que, a fuerza de fracasos, ha retrocedido en materia de derechos individuales, se ha vuelto más autoritaria y volcada a extremos represivos, que con el “delincuentómetro” de Girvau ha obtenido resultados que dejan conforme a Jaldo y que lo estimulan a profundizar el modelo represivo.