El relator chileno del comité, Jorge Contesse.
Durante las jornadas en la sede de la ONU, en Ginebra, Suiza, el Comité contra la Tortura (CAT) también le manifestó a la delegación argentina su preocupación en cuanto a la aplicación del “protocolo antipiquetes”, oficializado en diciembre de 2023 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo una resolución titulada: “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.
“Esta resolución parece criminalizar la participación en manifestaciones que obstaculizan el tráfico. El protocolo exige a la Policía Federal y a las fuerzas de seguridad que hagan uso de la fuerza frente a ‘cualquier concentración de personas o a la colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeran la circulación de vehículos o el ancho de las calles aún cuando no crearan una situación de peligro’. Y permite que lo hagan sin necesidad de una orden judicial ‘toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal’”, indicó el relator chileno del comité, Jorge Contesse.
En numerosas manifestaciones
“Por otra parte, el protocolo derogó la resolución de 2011 que limitaba el uso de armas menos letales como medio para dispersar a los manifestantes. Hemos recibido información que el ‘protocolo antipiquetes’ fue usado en numerosas manifestaciones sociales desde que fue adoptado, con documentación de más de 2.500 personas que han sido víctimas de hechos de violencia basados en el uso de esta regulación administrativa”, agregó.
El Comité instó al Estado a revisar el protocolo e incorporar de manera explícita los criterios de necesidad, proporcionalidad y precaución y establecer directrices detalladas relativas al uso de armas menos letales y el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones.
También les recomendó asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación.
