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Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.
El gobierno local de las Islas Malvinas, bajo administración británica, habilitó la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, con una proyección de extracción de 55.000 barriles diarios. La operación quedará en manos de Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel.
La decisión generó una reacción inmediata en Tierra del Fuego, que reclamó al gobierno de Javier Milei adoptar medidas más firmes frente al avance británico. En la gestión de Gustavo Melella cuestionaron la posición de la Casa Rosada sobre la cuestión Malvinas y exigieron respuestas judiciales y administrativas.
Según comunicaron las autoridades isleñas, se aprobó una inversión de hasta U$S2.100 millones para la primera etapa del Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento. Allí, casi una década atrás, las empresas habían anunciado el descubrimiento de un “yacimiento de clase mundial” y desde entonces prepararon proyectos para iniciar la extracción, prevista para 2028, consignó el diario "La Nación".
En un comunicado emitido desde Londres, Rockhopper informó que su directorio dio luz verde a la inversión correspondiente a la Fase 1 del desarrollo de Sea Lion, aval que también otorgó Navitas Petroleum, su socia y operadora. De acuerdo con la empresa, todas las autorizaciones están ya concedidas. El gobierno isleño aprobó el plan de desarrollo y producción para las Fases 1 y 2, y las licencias pasarán a etapa de explotación por un período de 35 años o más si fuera necesario completar la producción.
Los isleños señalaron además que se cumplió la condición previa fijada por su Consejo Ejecutivo, lo que activó las autorizaciones pendientes. De concretarse, el proyecto podría modificar la estructura económica local a través de regalías e impuestos, en una economía hoy basada en la pesca y la cría de ovejas. La explotación se ampara en la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que faculta al gobernador designado por el Reino Unido a otorgar licencias en nombre de la Corona para operar en aguas bajo control de las islas.
El año pasado, el Reino Unido había impulsado una consulta entre residentes para avanzar con el plan. En septiembre, la Cancillería argentina -entonces conducida por Diana Mondino- rechazó esas actividades por considerarlas “ilegales”, en función del reclamo argentino de soberanía.
Con la autorización británica ya formalizada, aún resta saber cómo responderán el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno, en un contexto marcado por el alineamiento internacional del Gobierno nacional y las negociaciones con Londres para levantar un veto vinculado a la compra de armamento.
El reclamo de Tierra del Fuego
Tras conocerse la decisión, el gobierno fueguino renovó su rechazo y exigió la intervención de la Nación. Andrés Dachary, secretario de Malvinas provincial, difundió un comunicado en el que calificó la autorización como un acto “unilateral, ilegal y provocador” del Reino Unido, orientado a explotar recursos “argentinos en territorio ocupado” y vulnerar la soberanía nacional.
Dachary pidió a Cancillería activar “todas las medidas diplomáticas y jurídicas posibles” y reafirmar ante la comunidad internacional que Argentina “no consiente ni reconocerá” explotación hidrocarburífera alguna en la plataforma continental bajo ocupación británica. Afirmó que la respuesta nacional contará con el respaldo del país, dado que la cuestión Malvinas representa una causa que trasciende diferencias partidarias.
Según "La Nación", el funcionario sostuvo que, pese a mantener contactos permanentes con Cancillería, el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas no se convoca desde hace más de un año. También reclamó avanzar por vía judicial y administrativa, al considerar insuficiente un simple comunicado, especialmente ahora que se habilitó la explotación -y no solo la exploración- en un área donde la provincia carece de jurisdicción. Anticipó que Tierra del Fuego pedirá una reunión urgente del Consejo Nacional de Malvinas y aseguró: “No hay opción para que la Argentina no tome las cartas más duras sobre el asunto”.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, no respondió a la consulta de este diario.
Antecedentes de sanciones
En septiembre de 2023, el gobierno de Alberto Fernández había reiterado su reclamo contra Navitas por operar en la zona. Según recordó entonces el canciller Santiago Cafiero, la empresa fue sancionada en abril de 2022 mediante una inhabilitación de 20 años para desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio argentino, al considerarse “ilegales” y “clandestinas” sus operaciones en la plataforma continental sin autorización nacional. En aquel momento, el reclamo involucró a la empresa, al Reino Unido y también a Israel.
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