Hace 2 Hs
Trabajador.
La crisis económica que atraviesa la Argentina impacta de lleno en el sector productivo. Según una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el 47,5% de las empresas reconoce tener dificultades para cumplir con al menos una de sus obligaciones básicas, lo que expone un escenario crítico en la cadena de pagos.
El relevamiento señala que los problemas afectan el pago de salarios, proveedores, impuestos y servicios, y advierte que en un 8,2% de los casos las empresas enfrentan inconvenientes en todos los rubros simultáneamente.
Caída del consumo y falta de liquidez
Uno de los principales factores detrás de este deterioro es la fuerte contracción del consumo interno, que redujo los ingresos de las compañías y tensionó su flujo de caja. Esta situación se traduce en una marcada falta de liquidez, que se refleja en el aumento de los cheques rechazados.
De acuerdo con datos relevados por la UIA, en el último trimestre los rechazos de cheques crecieron entre un 30% y un 40%, un indicador que suele anticipar un mayor nivel de incumplimientos en la cadena de pagos.
Impuestos y proveedores, los rubros más afectados
La entidad industrial indicó que las mayores dificultades se concentran en el pago de impuestos (29,3%) y proveedores (26,7%), dos compromisos clave para el sostenimiento del aparato productivo.
Aunque la situación resulta particularmente grave para las pymes, que cuentan con menor espalda financiera, el fenómeno también alcanza a grandes empresas y contratos de mayor envergadura.
Un caso emblemático es el de Bodega Norton, que acumuló más de 40 cheques rechazados por un monto cercano a los $618 millones, según consta en los registros bancarios.
Advertencia sobre la cadena de pagos
La preocupación se extiende a otros sectores. El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández, advirtió que la cadena de pagos “se empieza a doblar y a complicar”, en declaraciones al diario Clarín.
Según analistas consultados, la crisis tiene un carácter estructural. A la caída de la actividad se suma la extensión de los plazos de cobro del Estado, que pasaron de los habituales 30 a 45 días a períodos de 60 a 90 días, una situación que profundiza la falta de capital de trabajo, especialmente en la base de la pirámide productiva.
El diagnóstico de la UIA refuerza la preocupación empresarial por la sustentabilidad del entramado industrial, en un contexto de recesión, baja demanda y restricciones financieras que ponen en jaque la continuidad de miles de firmas en todo el país.
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