La Justicia de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022, hecho que desencadenó su destitución inmediata.
La sentencia también alcanza a otros siete procesados, entre ellos su ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima desde principios de noviembre. Para ella, el Ministerio Público ha pedido 25 años de prisión.
Castillo fue juzgado desde marzo por el anuncio que hizo el 7 de diciembre de 2022, cuando comunicó la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de excepción” y la intervención del Poder Judicial. Para la Fiscalía, ese mensaje constituyó un intento directo de quiebre del orden constitucional.
El cierre del Parlamento buscaba evitar que avanzara una votación destinada a removerlo por “permanente incapacidad moral”, figura que el Legislativo -de mayoría opositora- había intentado aplicar en dos ocasiones previas.
Ese mismo día, según consta en el expediente judicial, Castillo fue detenido por la policía tras abandonar el Palacio de Gobierno y dirigirse con su familia hacia la embajada de México. Minutos después, el Congreso concretó su destitución, consignó el diario Clarín.
Un intento fallido y un país convulsionado
En su mensaje televisado a la nación, Castillo anunció la disolución temporal del Parlamento, la intervención de la Judicatura y su decisión de gobernar a través de decretos. Pero sus órdenes no surtieron efecto: las Fuerzas Armadas y la Policía desconocieron las disposiciones y el entonces mandatario fue detenido poco después, mientras su familia sí logró llegar a la embajada mexicana, donde recibió asilo.
Desde su destitución, el expresidente permanece en prisión preventiva.
Durante los 16 meses que duró su administración, Castillo sobrevivió a dos intentos previos de destitución y realizó más de 60 cambios de secretarios de Estado, lo que derivó en una profunda parálisis gubernamental.






