Vacío fronterizo, sin radares y aduana desactualizada

En un país donde el narcotráfico y el contrabando avanzan con una velocidad que supera a la capacidad del Estado para detectarlos, el Operativo Lapacho, en Tucumán, se ha convertido en una prueba empírica de dos verdades incómodas: la frontera norte carece de radarización efectiva y las normas aduaneras vigentes son insuficientes para enfrentar el contrabando que ya se naturalizó en la región.

En lo que va del año,los secuestros alcanzaron casi $22.000 millones, cuadruplicando las cifras de 2024. Estas cifras exponen la dimensión del problema. Si con controles limitados se incauta semejante cantidad, se impone la pregunta: ¿cuánto está pasando sin ser visto?

La respuesta aparece una y otra vez en los testimonios: la ausencia de radares en la frontera norte dejó el cielo argentino completamente liberado. Legisladores, policías y fiscales describen un escenario que ya no sorprende: avionetas que despegan de Bolivia, vuelan sin plan de vuelo, cruzan sin ser detectadas y descargan droga a baja altura en vastas zonas rurales de Salta, principalmente. No hay tecnología para detectarlas, no hay capacidad para interceptarlas y, en muchos casos, tampoco hay presencia del Estado en tierra.

Mientras tanto, el contrabando terrestre se mueve con una cotidianeidad pasmosa. Treinta micros por día cruzando con mercadería desde Bolivia; encomiendas que contienen neumáticos, hojas de coca, ropa o electrodomésticos que ninguna empresa verifica, más allá de una declaración jurada; bultos que viajan entre provincias sin pasar por escáneres ni controles adecuados. Todo ocurre dentro de un marco normativo que no distingue entre comercio ilegal organizado y compras de subsistencia, y que deja enormes vacíos para quienes operan en escala industrial.

La falta de una legislación aduanera moderna -que incorpore registros digitales obligatorios, trazabilidad de cargas, escáneres fijos y controles no intrusivos- simplifica la acción de las mafias. Hoy, los bagayeros que transportan ropa conviven con redes de contrabando millonario que aprovechan exactamente las mismas rutas.

El Operativo Lapacho, con su red de controles en rutas clave y un personal cada vez más entrenado, demuestra que cuando el Estado se organiza, los resultados llegan. Pero también demuestra sus límites: no puede, por sí solo, reemplazar la falta de radares, ni compensar una legislación aduanera atrasada que ya no sirve para el contrabando contemporáneo.

Seguir decomisando cargamentos récord no puede ser el objetivo. Eso sólo será posible con una política de Estado que priorice la radarización inmediata de la frontera, la reforma integral de las normas aduaneras y la coordinación real entre provincias y Nación. Al menos, en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación dijo que trabaja en una amplia reforma que apunta a intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras. De momento es un proyecto, pero queda claro que urge modernizar y profesionalizar el control de las fronteras.