Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El gobierno de Javier Milei impulsa una ambiciosa reforma del Código Penal que, según la Casa Rosada, busca modernizar un cuerpo normativo centenario, endurecer penas, incorporar delitos tecnológicos y ajustar figuras ya existentes. La propuesta -que ingresará al Congreso con negociaciones abiertas y de la que se habló puntualmente con los gobernadores en la reunión del jueves- despertó apoyos en el oficialismo y en parte de la oposición y reparos de algunos juristas, organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez. El debate en el Congreso promete enfrentar garantías, proporcionalidad y capacidad estatal para aplicar un modelo punitivo más severo.

El Gobierno sostiene que la matriz legal vigente, cuya estructura principal data de 1921, ya no responde ante los desafíos como el crimen organizado, la dimensión tecnológica de los delitos ni a la demanda social de celeridad judicial. En la propia presentación del proyecto, Milei y los funcionarios vinculados al proyecto insistieron en que la dispersión normativa acumulada por décadas de reformas parciales genera contradicciones internas. “No podemos seguir legislando con un Código que nació cuando no existía internet, narcotráfico transnacional ni inteligencia artificial”, afirmó el aún ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al defender técnicamente el borrador.

Uno de los ejes es el endurecimiento generalizado de penas para homicidios agravados, robos violentos y delitos de narcotráfico. La reforma prevé restricciones más duras para acceder a beneficios como la libertad condicional y la posibilidad de declarar imprescriptibles ciertos crímenes graves. Desde el oficialismo sostienen que estas herramientas permitirán mejorar la prevención, no solo castigar. “La impunidad es una fábrica de víctimas”, señaló el Presidente en conferencia de prensa.

La propuesta incluye además modificaciones profundas al régimen de imputabilidad. Actualmente, los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente y los de 16 a 18 quedan sometidos a un régimen especial. El proyecto del Ejecutivo propone bajar ese umbral, en principio a 14 años, alegando que organizaciones criminales utilizan a adolescentes para minimizar riesgos. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, fue categórica: “No podemos permitir que el crimen organizado encuentre refugio en el Código Penal. Si un menor comete delitos graves, el Estado debe intervenir”. Especialistas en niñez, sin embargo, advierten que la criminalización temprana agrava la reincidencia. El penalista Jorge Martínez sintetizó: “El sistema penal es la última ratio. Adelantarlo es doctrinariamente cuestionable y empíricamente peligroso”.

Otro punto sensible es la eventual redefinición de la figura del femicidio, incorporada en el Código como agravante específico para homicidios cometidos en un contexto de violencia de género. Organizaciones feministas y académicas reaccionaron rápido ante la sola posibilidad de recorte. “No es retórica: la evidencia muestra patrones estructurales contra las mujeres”, afirmó la abogada Mariana Molina. El Gobierno sostiene que busca evitar “duplicidades” y mejorar la técnica legislativa, pero opositores y ONG ven riesgo de retroceso normativo.

La actualización tecnológica aparece como uno de los capítulos más novedosos. Se incorporan delitos vinculados a inteligencia artificial, suplantación algorítmica de identidad, fraudes digitales y manipulación de datos sensibles. En declaraciones públicas, el consultor jurídico Julio Arismendi celebró el enfoque: “El derecho penal se atrasa cuando las conductas cambian más rápido que los códigos. Tipificar mejora la previsibilidad”, dijo. En el mismo sentido, fiscales especializados en cibercrimen sostienen que hoy dependen de interpretaciones analógicas para perseguir conductas digitales complejas.

No obstante, expertos en política criminal advierten sobre un riesgo sistémico: la capacidad de cumplimiento. Endurecer penas sin ampliar recursos podría saturar cárceles y tribunales. Sin infraestructura, el riesgo es un colapso progresivo con efectos contrarios a la prevención.

Las garantías procesales también entran en tensión. Durante la discusión pública, Bullrich afirmó: “Vamos a terminar con el festival de garantías que dejan indefensa a la gente honesta”. La constitucionalista Laura Roldán replicó: “Las garantías no son privilegios del imputado: son la columna vertebral del debido proceso. Ningún Estado serio sacrifica principios porque incomodan”. Universidades y colegios profesionales pidieron audiencias públicas para revisar la redacción fina del articulado.

En el Congreso, la recepción es heterogénea. Diputados oficialistas celebran el giro político y exigen “celeridad institucional”. La oposición, en cambio, reclama estudios de impacto carcelario y estadísticas criminales actualizadas. “Legislar sin proyección es legislar a ciegas”, advirtió un senador opositor. Organismos internacionales con presencia en Argentina también pidieron observar el proyecto para garantizar compatibilidad con tratados ratificados.

A nivel social, la reacción se divide entre quienes priorizan seguridad y quienes temen un Estado punitivo sobredimensionado. Para un sector de especialistas, las reformas penales sin prevención social repiten un ciclo conocido. El criminólogo Diego Ferraris explicó: “Sin inversión en investigación, educación y urbanización, el Código Penal solo llega tarde. Necesitamos política criminal, no solo penal”. El Gobierno, por su parte, insiste en que las estadísticas de violencia justifican actuar con urgencia.

Esquema punto por punto (vigente vs. propuesto)

1. Edad de imputabilidad: hoy, no imputable menor de 16; régimen especial entre 16 y 18. Proyecto: bajar la edad, habilitando juzgamiento penal a adolescentes de menor edad.

2. Femicidio: hoy, agravante específica desde 2012, con penas más severas. Proyecto: revisión y redefinición del agravante, cuestionado por organizaciones de género.

3. Homicidio y robo agravado: hoy, escalas penales variables; beneficios condicionales posibles. Proyecto: aumento de penas y mayores restricciones a beneficios.

4. Imprescriptibilidad: hoy, prescripción variable según delito; excepciones acotadas. Proyecto: posibilidad de imprescriptibilidad para ciertos crímenes graves.

5. Delitos informáticos / IA: hoy, regulación dispersa y con lagunas. Proyecto: tipificación expresa de fraudes digitales, identidades algorítmicas, manipulación informática.

6. Asociaciones criminales organizadas: hoy, figura existente, pero aplicada de modo heterogéneo. Proyecto: ampliación de criterios, con foco en crimen organizado y barrabravas.

7. Celeridad procesal: hoy, lentitud por falta de recursos. Proyecto: procedimientos más ágiles, aunque sin financiamiento detallado.

8. Población carcelaria: hoy, sobreocupación penitenciaria en varios penales. Proyecto: riesgo de incremento significativo sin infraestructura paralela.

9. Garantías procesales: hoy, fuerte protección constitucional. Proyecto: prioridad a la víctima y simplificación de procesos, con tensión potencial sobre garantías.