Pasaron las urnas, llegó el tiempo del consenso

Como en cada período electoral que atraviesa el país, desde la normalización democrática de 1983, pasado el fervor de las urnas debe recomenzar el tiempo de la gobernabilidad en conjunto entre las fuerzas políticas que se presten a un diálogo constructivo, con miras de consensuar políticas comunes de Estado por fuera de la coyuntura. El triunfo o la derrota pasarán pronto a ser parte de la estadística luego de la efervescencia de los análisis o piedra basal de futuras estrategias, pero mientras tanto la Argentina debe seguir andando con responsabilidad.

Las diferentes visiones y concepciones partidarias e ideológicas hacen que esa tarea sea compleja; sin embargo, debe figurar en toda agenda de gobierno, sobre todo en aquellas que reivindican marcar un cambio de rumbo liminar, lo cual requiere continuidad a futuro a través de distintas gestiones.

En ese orden, hay cuestiones inminentes por resolver y muy viejas deudas que sería conveniente saldar. Entre las primeras figura, sin lugar a debate, la sanción del Presupuesto 2026. La Ley de Leyes implica el ordenamiento económico y financiero del gobierno en todas sus áreas y la determinación de las prioridades y necesidades de la gestión en sus distintas expresiones. Por ese motivo, la posibilidad de incidencia de la oposición está limitada a su rol, lo cual no significa que tenga silenciada su voz sino que los acuerdos deben ser fruto de la flexibilidad de todas las partes involucradas para coordinar políticas públicas que respondan al interés superior de la sociedad.

Si Milei cumple con su promesa de avanzar en reformas de fondo, la tarea de gestionar consensos parlamentarios se multiplicará y será muy necesaria. Por fuera de los grandes títulos, la letra chica será determinante al momento de lograr los votos necesarios para sancionar todo cambio. Y eso se define fuera del recinto, en el trabajo en comisión que queda -la mayoría de las veces- invisibilizado y donde suenan voces de sectores que no tienen representación institucional en las bancas; una demostración de que la intervención democrática no se limita a la participación electoral cada dos años. El diálogo será clave para que lo que se sancione se mantenga en el tiempo y no devenga en episodio circunstancial.

Pero aparte de la agenda oficial, la reforma constitucional de 1994 dejó indicaciones, obligaciones y responsabilidades incumplidas tanto en sus disposiciones de fondo como transitorias. Entre estas últimas, el punto sexto exige la sanción de un nuevo régimen de coparticipación “antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma”. En 31 años, nunca se lo hizo. Sirva de un simple ejemplo de los incumplimientos institucionales a imposiciones de la Carta Magna, y cada uno tendrá su propio listado.