La incidencia del Proyecto de Biocombustibles

En el Congreso de la Nación vuelve a tomar impulso una iniciativa de gran importancia para Tucumán y el resto de las provincias sucroalcoholeras. Es que tiene en sus manos una oportunidad para avanzar en una iniciativa que implica una verdadera política de Estado, con el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles (Expte S-1495/24).

Este proyecto, que cuenta con el pleno apoyo del Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz, no sólo es producto de un amplio acuerdo entre las nueve provincias de la Liga Bioenergética, sino que representa una urgente y necesaria actualización a un marco regulatorio que se encuentra agotado y ha frenado la actividad y nuevas inversiones.

La propuesta de la Liga Bioenergética ofrece un esquema superador, previsible y sostenible, según la defensa de los empresarios y autoridades de cada una de las jurisdicciones intervinientes.

Uno de los puntos centrales es el incremento del corte obligatorio de bioetanol en naftas, elevándolo del 12% al 15%. Este aumento es clave para la economía del país, ya que se estima que representa un ahorro anual de U$S150 millones en divisas al sustituir nafta importada, preservando así las reservas del Banco Central.

Además de aumentar el corte, el proyecto moderno y equilibrado enviado por nota a los parlamentarios nacionales sostiene: “La propuesta impulsa crecimiento sin perjudicar a las empresas petroleras -sólo sustituye nafta importada-  ni a las provincias productoras de hidrocarburos, ya que las regalías se cobran sobre el crudo y el gas extraído, no sobre los combustibles que se mezclan o importan. Mantiene asimismo un uso equilibrado de materias primas”.

La propuesta abre el mercado al incorporar un mercado libre por encima del umbral del 15%. A la vez, abre amplía las opciones de combustibles y de movilidad para los consumidores (autos flex, híbridos, etcétera) y mayor uso en las provincias. Además, fomenta competencia y transparencia al eliminar cupos y precios discrecionales, implementando licitaciones públicas y transparentes por volumen y precio, con un techo en paridad de importación que protege al consumidor.

Una de las características más destacables del proyecto es su solidez económica y su enfoque en el desarrollo federal. No implica costo fiscal y garantiza la neutralidad fiscal. El costo fiscal neto es compensable mediante un ajuste de impuestos a los combustibles a la porción fósil de la mezcla, sin impacto en el precio surtidor ni en las cuentas públicas. No reclama privilegios fiscales como subsidios o beneficios en Ganancias, IVA, aduanas o acceso cambiario, basándose en la competitividad intrínseca de la agroindustria. Promueve la industrialización, empleo e impulso federal y productivo. Genera valor agregado en origen para el maíz y la caña de azúcar, estimula el empleo de calidad en el interior y otorga herramientas a las provincias para desarrollar sus propias políticas energéticas.

En esencia, el proyecto de la Liga no sólo promueve competencia, empleo e inversiones, y ofrece mayor soberanía energética, sino que constituye una verdadera política de Estado para una industrialización federal y la competitividad de actividades socioeconómicas relevantes.