El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, a raíz de las inundaciones registradas desde el 1 de mayo y hasta el 31 de octubre del año en curso. La resolución 1.450/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo -ya publicada en el Boletín Oficial-, dispone beneficios fiscales y financieros para los productores damnificados.
La medida alcanza a explotaciones agrícolas y ganaderas de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte, en distintas circunscripciones detalladas en la resolución.
Según lo dispuesto, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial, que acredite que sus establecimientos se encuentran ubicados en las áreas afectadas. Con ello podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, como la prórroga o exención de impuestos, y facilidades crediticias en entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas.







