Estafa millonaria: el dueño de una concesionaria habría engañado a un hombre con la venta de una camioneta

El dueño de una concesionaria está acusado de haber estafado a un cliente con la venta de una camioneta en San Miguel de Tucumán. Este lunes se desarrolló una audiencia por pedido de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, para formular cargos y requerir medidas de coerción en su contra. 

El joven tiene 25 años y es dueño de una concesionaria de autos ubicada en Lucas Córdoba al 1.000. Según expuso la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, este realizaba publicaciones en Facebook e Instagram y prometía vender vehículos en un plazo máximo de 20 días, con un local de grandes dimensiones, cartelería, un amplio salón de ventas y rodados en exhibición, bajo apariencia profesional.

El pasado 25 de junio suscribió un contrato de consignación con el acusado, por medio del cual garantizaba que en un plazo máximo de 20 días realizaría la venta de la camioneta Renault Oroch, por la que la víctima recibiría $18.000.000, quedando para el acusado la diferencia entre ese precio y el de la venta final. "El imputado tenía pleno conocimiento de que esto no sería cumplido y era sólo para poder quedarse con la mayor parte de la venta", según la fiscalía.

Ese día la víctima dejó su vehículo en la concesionaria, luego firmó un formulario 08 y certificó la firma ante escribano. Al día siguiente -siempre según la fiscalía-, el acusado le vendió la camioneta a una mujer, recibiendo $18.000.000 y le entregó a la víctima, recién el 7 de julio, sólo $2.000.000 argumentando que el resto aún no había sido acreditado y ocultándole la transferencia de titularidad. La víctima le reclamó por diferentes medios, pero el imputado en reiteradas oportunidades le dio falsos argumentos, generándole un perjuicio en su patrimonio de aproximadamente $16.000.000.

La fiscalía calificó la conducta penal como presunto autor del delito de estafa y acto seguido solicitó que se ordenen medidas cautelares de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de tres meses, a los fines de resguardar el correcto avance de la investigación. La jueza resolvió aceptar todo lo demandado por el Ministerio Fiscal.