La inauguración del Campus Educativo Ambiental Dra. Yolanda Ortiz en San Miguel de Tucumán muestra algo más que una obra municipal. Acaso se trate de un compromiso concreto con un futuro que cada día con mayor énfasis nos exige mirar el ambiente como una cuestión urgente, imprescindible, no secundaria. En una época en la cual los efectos del cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la crisis hídrica resultan amenazas globales concretas, este campus puede funcionar de necesario faro.
El lugar, primero de su tipo en el país, tiene ocho aulas temáticas, un microcine ambiental, talleres interactivos, una huerta municipal que se puede recorrer, espacios para la economía circular, compostaje, realidad virtual. Es decir, no se trata de una mera declaración de buenas intenciones, sino de un espacio con oferta educativa concreta, variada, práctica y vivencial. Pero lo más significativo es que este campus estará abierto a alumnos de todos los niveles, para familias, para organizaciones comunitarias; para cualquier ciudadano que quiera aprender, experimentar, llevarse conocimiento y voluntad de cambio. Y en cada caso se brindarán visitas guiadas. Esto muestra que distintos niveles del Estado asumen la responsabilidad de educar a las futuras generaciones en las cuestiones ambientales, y no deja todo ese peso sobre los hombros de los padres o de la sociedad civil. No solo cabe celebrar la decisión de formar ciudadanía ambiental consciente; también este campus debería verse como modelo.
Este campus, además, tiene valor simbólico y práctico. Simbólico porque lleva el nombre de la tucumana Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, pionera en la materia, y cuyo legado hoy resuena en la Ley Nacional Yolanda (2019). Práctico porque no es algo aislado: más de 150 establecimientos públicos y privados ya están inscriptos, y casi 14.000 alumnos lo visitarán antes de fin de año. Es un esfuerzo real, tangible, con impacto educativo amplio.
Por todo lo dicho, también resulta imprescindible que esto no quede atado a una gestión o a un partido político, o circunscripto sólo a la Capital. Debe convertirse en política de Estado; y que cada municipio, cada comuna rural de la provincia adopten iniciativas similares; y que el presupuesto educativo contemple siempre espacios y proyectos ambientales. Porque el ambiente no es bandera de un solo color: es un interés colectivo, intergeneracional, transversal.
Del mismo modo, resulta urgente que iniciativas de esta naturaleza se multipliquen. Porque en un contexto global la humanidad se está quedando sin margen. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, los fenómenos climáticos extremos se intensifican, los ecosistemas se degradan, el agua potable se vuelve un bien cada vez más preciado. Las generaciones más jóvenes serán las que más sufrirán si no actuamos ahora. Educar sobre el ambiente no es opcional; es formar personas capaces de vivir en un mundo que requiere decisiones sostenibles, responsabilidad individual y colectiva. Y de transformarlo.
Que sea también punto de partida para políticas que articulen salud, cultura, economía, ambiente: huertas educativas, reciclaje comunitario, uso responsable del agua, energías limpias locales. Resulta fundamental que haya continuidad, que no dependa de quién gobierne, sino de un consenso ciudadano, para que esta actitud de estudio se generalice.






