20 Septiembre 2025
La Policía de CABA incautó más de 12.600 termos y mates falsificados marca Stanley en allanamientos realizados en Liniers y Parque Avellaneda. Los productos estaban listos para ser vendidos por Internet y WhatsApp, y su valor en el mercado rondaba los $500 millones.
Cómo operaba la organización
La investigación estuvo a cargo de la División Conductas Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, encabezada por Celsa Ramírez.
Los delincuentes distribuían mates y termos truchos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Desde un domicilio en Andalgalá al 1100 funcionaba el depósito central, donde la mercadería estaba apilada y lista para la venta.
En total se secuestraron:
12.668 productos (termos, jarras, vasos térmicos, mates y bombillas).
Cajas de packaging falsificado con la marca Stanley.
Máquinas láser para realizar el estampado trucho.
Además, en una imprenta ubicada en Parque Avellaneda se hallaron 11 cajas de envases falsos y documentación vinculada a la logística de distribución.
Termos truchos: un riesgo para la salud
Según la investigación, los termos falsificados no cumplían con la normativa nacional ni con el Código Alimentario Argentino. Estaban fabricados con materiales prohibidos que no garantizan la inocuidad en el contacto con alimentos y bebidas.
La legislación exige que los productos estén elaborados con:
Acero inoxidable apto para alimentos (acero 304).
Materiales libres de BPA.
Certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT.
Nada de esto se cumplía en la mercadería secuestrada, por lo que el consumo de bebidas calientes en esos recipientes podía representar serios riesgos para la salud.
Qué delitos enfrentan los responsables
La fiscalía ordenó el secuestro de toda la mercadería por violar los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal, que sancionan la venta de mercaderías peligrosas para la salud y la falsificación de marcas registradas.
También intervino personal de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que labró actas de intimación por irregularidades en materia de seguridad.
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