El Gobierno anunció un acuerdo para reactivar 135 viviendas en la capital tucumana que habían quedado abandonadas durante la gestión nacional anterior. La iniciativa demandará una inversión de $6.726 millones y forma parte de una política habitacional integral, según dijo el Gobernador, porque abarca no solo a la capital, sino también a los 18 municipios y las 93 comunas de la provincia. Este anuncio se suma a la reactivación reciente de las tareas en el proyecto del Procrear II, que había sido paralizado por la Nación. Retomado por la Provincia, involucra la construcción de 1.700 viviendas, que se irán erigiendo por etapas.
En este caso se trata de casas ubicadas en el sector Este de San Miguel de Tucumán, a 50 metros de la autopista ruta 9. La obra, iniciada en septiembre de 2022, registraba hasta noviembre de 2023 un avance acumulado del 28,55% y quedó paralizada en diciembre de 2023. Cada unidad contará con dos dormitorios, cocina/estar/comedor, baño, lavadero, y estarán adaptadas para personas con discapacidad motriz. La urbanización incluye servicios de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad de baja y media tensión, cordón cuneta, alumbrado público, espacios verdes y equipamiento.
El Gobernador remarcó que, a pesar del desfinanciamiento de la obra pública por parte de la Nación, Tucumán pudo continuar con los proyectos utilizando recursos propios. Aseguró que la reactivación no solo busca dar respuesta a la necesidad habitacional, sino también dinamizar la economía provincial mediante la generación de empleo y el sostenimiento de la actividad de las constructoras. Y señaló que, “a pesar de los atrasos en los pagos, las empresas tucumanas mantuvieron sus obradores y apoyaron el desarrollo de proyectos como el Procrear Tucumán”.
La iniciativa es un paso adelante para buscar soluciones habitacionales para la provincia, que arrastra un déficit alto en materia de viviendas. Según datos del Censo de 2022, unas 33.000 familias de Tucumán necesitan una vivienda. “Es un subregistro, porque (el relevamiento) no contempla las familias que están alquilando. O sea que es mucho más”, dijo en mayo el titular del Instituto de Vivienda. Según él, la cifra del déficit habitacional “debe rondar los 50.000” hogares. “Pero además está el déficit cualitativo. Son más de 170.000 viviendas que necesitan una solución, porque están en una situación deficitaria”, explicó. En los últimos años, debido a los vaivenes de la política y de la economía, los programas se han discontinuado y en algunos casos, como Manantial Sur, los barrios sin terminar fueron vandalizados.
Las novedades en la reactivación de la pólítica de vivienda deberían sumarse a una estrategia para mantener el ritmo de construcción, para solucionar los programas que afectan el mantenimiento de los barrios y para la mejora en la tarea del IPV, que, según el titular, requiere disminuir la morosidad, actualizar los montos y actualizar el padrón de beneficiarios.






