Recuperación de tierras usurpadas

La provincia ya ha recuperado 280 hectáreas de tierras usurpadas y se apresta a recobrar otras 622 hectáreas en los próximos días. Los operativos realizados en avenida Alfredo Guzmán y La Madrid, en el límite entre Yerba Buena y la Capital, y en una escuela en El bajo se suman a este anuncio, y muestran el efecto de las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a prevenir y combatir las usurpaciones de terrenos que forman parte del patrimonio público provincial.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, detalló que han actuado Catastro de la provincia, la Dirección de Turismo, Flora y Fauna para recobrar inmuebles en Ticucho, El Cadillal, El Mollar, León Rougés, Yerba Buena y San Javier, y que se estima que los otros predios, calculando los tiempos procesales y administrativos, serían recuperados en 30 días. Dijo que hay en proceso, “con sentencias inclusive de detención de personas en infracción con este tema, 106 causas penales, 461 causas civiles, y ahí tenemos amparos, desalojos y reivindicaciones”. Agregó que “si algo podemos dejar de este paso por la función pública, es una cultura de los vecinos de Tucumán, de que la usurpación es una práctica contraria a la ley y que no queda impune. Hay sanciones. Nos han acompañado también en este tema el Poder Judicial. Hay una cultura que estamos revirtiendo y probablemente nos sobreviva como gestión”.

El destino de los inmuebles recuperados va a ser definido en los próximos meses. “Tenemos proyectos pensados, elaborados, de que cada recuperación a su vez tenga un destino. El Ministro de Seguridad ha estado justamente haciendo dos inmuebles para ocupar para Policía, para dependencias, que hoy estamos alquilando y tenemos inmuebles listos para ser usados con un buen destino”, dijo la fiscal. El Gobernador, por su parte, al elogiar las acciones que se están llevando a cabo, describió que esto significa que ese está poniendo orden en la provincia. Es importante que haya orden en el funcionamiento del Estado, así como tener claridad frente a las acciones que se han de tomar en el futuro para cuidar el patrimonio.

Las reflexiones resultan importantes frente a un problema cuya solución es ardua y que se ha visto en las ocupaciones y las cesiones que se dieron en los Valles o en El Cadillal mismo, donde la mayoría de los barrios erigidos en las últimas décadas están en situación irregular. Las acciones actuales parecen mostrar, por un lado, la efectividad  de la política encaminada, que ha llevado a que se demuelan incluso inmuebles erigidos de manera irregular; y por otro pone sobre la mesa los problemas derivados de la falta de atención del patrimonio, que ha dado lugar a ocupaciones sin análisis adecuados, cuando no se hicieron con autorizaciones irregulares, como las que ya está investigando la Justicia en el caso de una oficina de territorio que fue desactivada en enero por el Gobernador. Esto indica que los controles sobre la tarea que hace el Estado sobre la administración de los predios deben ser constantes.