Expectativas por el acueducto de Vipos

Se comienza a vislumbrar el nuevo acueducto de Vipos a partir del acto de apertura de sobres licitatorios para la obra, que se celebró la semana pasada en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación. De la licitación participaron 10 empresas oferentes y la obra tiene un presupuesto de casi $153.000 millones (unos 120 millones de dólares), a partir de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual se va a hacer cargo el Gobierno nacional. Se espera que una vez definida la adjudicación de los trabajos, comiencen ser ejecutados en pocos meses más, posiblemente en diciembre.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, sostuvo que esta es “una obra estructural para agua, que viene a beneficiar al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”. El acueducto actual, ya centenario, transporta 2.000 metros cúbicos de agua y aunque sus pérdidas han sido reparadas dentro de lo posible, su capacidad está disminuida en aproximadamente un 50%, según describió el mandatario. “En cambio, el nuevo acueducto, cuando se lo termine, se va a triplicar: se va a 6.000 metros cúbicos de agua”. Se trata de provisión, potabilización y transporte  de líquido. Se va a construir una nueva planta potabilizadora y reservas de agua en distintas localidades estratégicas como Nueva Esperanza, Tapia, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán. Se prevé que se resuelva el problema de todas estas localidades ya afectadas por la crisis de provisión de líquido debido, sobre todo en el área noroeste del Gran Tucumán, al gran crecimiento demográfico y urbanístico que la generado lo que se llamó “estrés” del acuífero, sobreexigido por demanda de pozos a lo largo de la parte inferior del piedemonte.

Esta es la segunda vez que se llega a instancias cercanas a la adjudicación de esta obra esperada. La primera fue al final del anterior gobierno nacional, cuando se aprobó una licitación para la cual se habían dado todos los pasos previos de estudios de necesidad, de impacto ambiental y de consulta a los vecinos, y que contemplaba un universo de unas 280.000 personas beneficiadas. Esa propuesta se cayó con la crisis económica y la asunción de las nuevas autoridades nacionales, que congelaron muchas obras públicas ya iniciadas y las hicieron entrar en un largo proceso en el que se replantearon esquemas y previsiones. Así se llegó a este nuevo proyecto, que abarca un universo más amplio de beneficiarios: 400.000 personas.

La experiencia indica que hace falta apoyo y presencia hasta el último momento en este tipo de obras públicas, que más allá de que son necesarias y muy esperadas, con frecuencia -como en este caso- están sujetas a los avatares de la política y de la economía, que obligan a demoras y postergaciones. Por ello es saludable que se estén dando los pasos previstos en esta nueva etapa y es de esperar que cuando llegue el momento de iniciar los trabajos estos se cumplan en tiempo y forma, acorde con las expectativas que se han generado.