Por Gustavo Rodríguez
29 Agosto 2025
A LA RIOJA. Una pareja ocultó tres kilos de marihuana en el interior de un parlante que envió por encomienda.
Por la falta de controles y los escasos recursos tecnológicos que tienen las fuerzas de seguridad para detectar los envíos, el transporte de encomiendas está siendo utilizado por narcos y contrabandistas para transportar sustancias y mercaderías de contrabando a todo el país. El panorama es tan complejo, que la Justicia Federal de Tucumán realizó un pedido especial para tratar de frenar la utilización de esta modalidad.
En lo que va del año, según los casos reportados oficialmente, se incrementó un 20% el secuestro de estupefacientes con respecto a todo 2024. En tanto que casi el 50% de los productos que están pudriéndose en los puestos fronterizos de la provincia también se despacharon en bultos que son transportados en camiones simples y con acoplado.
Los especialistas sostienen que el desarrollo del comercio virtual se está transformando en un dolor de cabeza. Fuentes de Gendarmería Nacional explicaron que, desde la pandemia de 2020, se incrementó considerablemente el flujo de camiones que transportan encomiendas. “Hace dos años, podían pasar dos o tres por hora. Ahora estimamos que no son menos de seis”, explicó una fuente que aclaró que esa estadística corresponde a uno de la media docena de puestos que hay en el límite con Salta. Más del 90% de la droga y de la mercadería de contrabando es enviada desde esa provincia al resto del país.
Un sistema
“Entrega vigilada” es la definición legal del sistema que utilizan las fuerzas para atrapar a los responsables de los envíos de la droga. La operatoria es la siguiente:
- Efectivos informan a las autoridades judiciales sobre el hallazgo de un paquete sospechoso. Con su autorización abren los bultos y confirman si hay o no estupefacientes.
- En caso de hallar droga, siempre bajo control de un funcionario judicial, secuestran el estupefaciente y colocan algún material u objeto que simule el peso de la carga.
Las cifras están representadas en kilos y es la cantidad secuestrada hasta los meses de agosto.
- Toman los datos del destinatario y vuelven a colocar el paquete en el camión para que continúe viaje.
- Se monta un operativo especial en la sede de la empresa para atrapar a la persona que va a retirar la encomienda. Luego de ser arrestada, se le inicia una causa judicial.
Los casos
En agosto, en el marco del Operativo Lapacho, los efectivos detectaron tres envíos en los que se secuestraron seis kilos de marihuana y uno de cocaína. En lo que va del año, se decomisaron un total de 147 kilos de estupefacientes (141 kilos de cannabis y seis de cocaína). Ese número representa un 20% más que en idéntico período de 2024 y casi tres veces más que en 2023.
Todos los envíos de estupefacientes fueron despachados en Salta y tenían como destino Catamarca, La Rioja y Puerto San Julián, en Santa Cruz. Este último es un ejemplo de que en el narcotráfico, las distancias no existen. Seis kilos de marihuana y uno de cocaína fueron enviados desde la capital salteña. Después de recorrer 1.555 kilómetros, el paquete llegó al centro de distribución que la empresa tiene en la provincia de Buenos Aires. De allí, en otro camión, después de transitar por 2.194 kilómetros, llegó a destino.
El último secuestro tampoco deja de ser llamativo. Una pareja despachó desde Salvador Mazza una caja con un parlante. En el puesto de 7 de Abril, los efectivos descubrieron que en su interior habían ocultado tres kilos de marihuana. Acordaron con las autoridades realizar una “entrega vigilada”. La carga fue enviada hasta Buenos Aires y de allí a la localidad de Rawson, donde detuvieron a los despachantes.
Para muchos, la cantidad de cannabis decomisada puede ser exigua, pero no así los valores. Por ejemplo, en nuestra provincia, el gramo de la flor de marihuana se puede conseguir a un valor de $9.000. En Puerto San Julián, su costo puede llegar a $27.000, por lo que con el kilo decomisado podría haber obtenido $27 millones. En Rawson, con los 3.000 gramos secuestrados, la pareja podría haber obtenido por lo menos $45 millones.
Complicaciones
Las encomiendas son consideradas correspondencia privada y, por ende, no puede ser requisada sin autorización judicial. Sí existe una clara diferencia en cómo es el sistema de envío a nivel nacional e internacional. Para enviar un paquete al exterior, el despachante debe mostrar qué es lo que enviará y recién después de cumplir con este paso, recién puede finalizar con el trámite. Por eso es conocida popularmente como “a caja abierta”.
A nivel nacional el panorama es más complicado. Las empresas están obligadas a exigir una declaración jurada de lo que una persona está por despachar, pero no comprueban lo que están por enviar. Algunas empresas exigen que el cliente deje una fotocopia del documento para que quede constancia de su identidad. Las autoridades del Correo Argentino decidieron profundizar las medidas: exigen que el despachante deje sus huellas dactilares.
Fuentes de la Justicia Federal sostienen que esta medida no es casual. “Hay gente que se las ingenia para presentar documentos falsos. Eso tiene una sola explicación: evitan ser identificados”, sostuvo un funcionario judicial.
A la falta de controles, hay que sumarle los escasos medios tecnológicos. Tucumán es la única provincia del NOA que cuenta con escáneres móviles, que son fundamentales para detectar productos ilegales, pero no lo suficiente. Cuentan los uniformados que sí los usan, pero cuando tienen la sospecha de que hay sustancias en uno de los bultos. “El mayor problema es que, cuando detectamos alguna irregularidad, tenemos que bajar centenares de paquetes y revisar uno por uno”, dijo el comisario Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho.
Planteo: una medida para tratar de frenar esta modalidad
La situación generada por el incremento de transporte de drogas y de mercadería de contrabando es tan compleja que hasta tuvo que intervenir un camarista de la Justicia Federal de Tucumán. Ricardo Sanjuán, integrante de la Cámara de Apelaciones, les pidió a sus pares de primera instancia que informen sobre cada uno de los casos registrados a las autoridades nacionales e identifiquen las empresas de transportes que trasladaban los productos ilegales para que tomen cartas en el asunto. El magistrado cuestionó la falta de controles que hay en el despacho de las encomiendas. Advirtió que no sólo no hay una revisión de lo que se envía, sino que además, en muchas ocasiones, los bultos no tienen la identificación que por ley se obliga para poder individualizar a la persona que transporta estupefacientes o el contrabando. “Esto se incrementó considerablemente en los últimos tiempos. Algunos sostienen que se debe al recorte del personal del organismo que debe realizar los controles”, afirmó una fuente judicial. Los miembros de la fuerza de seguridad coincidieron con ese diagnóstico, pero aclararon que el problema es mucho más grave por la cantidad de empresas que brindan este servicio por el boom del comercio virtual.
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