El destino de la mercadería secuestrada en las rutas

Un título de nuestra edición del jueves pasado, “Por la burocracia, se pudren la ropa y las frazadas secuestradas” describe una situación  crítica que genera problemas en los controles en las rutas y que crece sin solución. Se trata de mercaderías que las fuerzas de seguridad han incautado durante las revisiones de vehículos de transporte, de tours de compras y particulares en general.

A raíz de las trabas que establecen los procedimientos administrativos y las carencias de las oficinas judiciales y de aduanas, más el incremento de las tareas del Operativo Lapacho han dado con la situación de que de los 7.420 bultos secuestrados en lo que va de 2025 hay 3.500 paquetes que se amontonan en los puestos, por un valor estimado en U$S 2,5 millones, que se está arruinando en esos lugares. Es “un mar de plástico negro”, como lo describió una automovilista.

Se trata de un verdadero intríngulis. Al tiempo que aumentaron los operativos junto con el crecimiento del trasiego de mercaderías derivado de la crisis económica y de las diferencias de valuación con los países limítrofes se advirtió que, por un lado, el aforo, es decir la norma que divide por valor lo que es infracción de contrabando ha determinado que la mayoría de los productos quede secuestrada; y por otra parte la decisión sobre lo que se debe hacer con ese material depende del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia federal, que se encuentra abarrotada de causas, sin personal ni infraestructura.

Así es que se está dando la circunstancia de que mucho material, por falta de turnos para llevarlo al depósito de Aduanas, ha quedado a intemperie y ya no está en condiciones de ser donado. Se arruinó por completo, según relató el jefe del destacamento Cabo Vallejo. También dijo que esas mercaderías “se transformaron en refugio de todo tipo de bichos, arañas y víboras, lo que representa un peligro para el personal” y que se está preparando un lugar para quemar esos productos, así como se está construyendo un depósito. Todo esto genera ocupación de personal, gastos para el cuidado de material que se deteriora, ante el lamento de organizaciones benéficas que podrían sacar buen provecho de algunos productos como las frazadas y las mantas.

Hay dos caminos para solucionar el problema. Uno es la gestión ante el Poder Ejecutivo nacional para delegar esta tarea de decidir el destino de la mercadería. Paralelamente se gestiona ante los responsables de Aduanas y de la Justicia Federal para acelerar la donación de los productos. En ello se incluye la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva sobre el planteo de levantar el monto del aforo de $ 500.000 a $ 14,1 millones, resuelto por un juez pero apelado por un fiscal que dijo que esa cifra debía ser definida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Sería importante que esto se defina. Si resulta positivo, “no sólo servirá para facilitar nuestra tarea, sino que además nuestros puestos no se verán colapsados”, como dijo el responsable del Operativo Lapacho.