La Justicia anuló el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La resolución considera que el veto del Poder Ejecutivo vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y derechos de las personas con discapacidad.

La Justicia anuló el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
18 Agosto 2025

El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial que había frenado la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en 2023.

El fallo fue dictado por el juez Adrián González Charvay en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad. La resolución considera que el veto del Poder Ejecutivo vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y derechos de las personas con discapacidad.

Un fallo que marca precedente

La decisión judicial podría sentar un precedente clave sobre el control de los vetos presidenciales, al reforzar la vigencia de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

En este sentido, la Justicia subrayó que la Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar el acceso a prestaciones, tratamientos y apoyos necesarios para las personas con discapacidad, especialmente en un contexto social y económico crítico.

Reacciones y próximos pasos

La medida reabre el debate sobre la implementación de la norma. El Gobierno nacional podría apelar el fallo, lo que trasladaría la discusión a instancias judiciales superiores.

La resolución también se enmarca en un escenario de tensión entre el Ejecutivo y distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes habían cuestionado el veto presidencial.

Puntos clave del fallo

El juez González Charvay declaró inconstitucional el veto a la Ley 27.793.

El amparo fue presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.

El fallo remarca la obligación del Estado argentino de cumplir con tratados internacionales.

El Gobierno podría apelar y llevar el caso a una instancia superior.

La decisión judicial reactiva la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que representa un avance significativo para la comunidad de personas con discapacidad y sus familias.

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