Causa YMAD: “El proyecto de San Javier fue un caballito de batalla electoral”

En el marco del juicio por la causa sobre los fondos de YMAD, la abogada defensora Rosa Luz Casen, representante del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, sostuvo que la Ciudad Universitaria de San Javier no formaba parte del plan de obras de su cliente y que su inviabilidad había sido reconocida por la propia universidad décadas atrás.

Ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, Casen, co-defensora junto a Silvia Peyrachia, argumentó que el plan de obras de la gestión de Cerisola no tenía relación con la Ley 14.771 que disponía la construcción de la Ciudad Universitaria. Para la abogada, el proyecto de San Javier fue un “caballito de campaña” electoral y un “motivo de imputación en este juicio”.

La abogada redobló la apuesta y afirmó que los testigos que presentó la fiscalía a lo largo del juicio “fueron parciales, no objetivos, cuyos testimonios estuvieron nublados por los intereses personales que llevaban”. La defensora se refirió a la ex decana de Derecho, Adela Seguí, como la “voz cantante de esta imputación”. Según Casen, Seguí, el ingeniero Ricardo Cisneros (ex consejero egresado) y José Luis Pío Jiménez, ex decano de Ciencias Económicas de la UNT, tenían “apetencias electorales, apetencias rectorales” y se convirtieron en una “cuasi-fiscalía” con “investigaciones paralelas”. En su exposición, la abogada afirmó que Seguí acudía a las sesiones del Consejo Superior llevando información de tribunales federales, incluso antes de que los imputados declararan y aseguró que “la justicia estaba siendo funcional a intereses políticos”.

“Proyecto inviable”

La defensa, además, se basó en un extenso informe para demostrar, dijo, que la inviabilidad del proyecto de San Javier era un hecho consumado mucho antes de la gestión de Cerisola. La letrada sostuvo que este informe, que se encuentra en las memorias de la Universidad, “tira por tierra con la teoría del caso de la fiscalía”. Casen señaló que la fiscalía había solicitado “un estudio serio sobre si era viable o no era viable ese proyecto” , y que dicho estudio existía y demostraba que la ciudad universitaria había sido “dejada de lado por la Universidad Nacional de Tucumán” entre 1960 y 2008. La abogada aseveró que, al momento en que Cerisola inició el expediente 713 del 2006, la Ciudad Universitaria de San Javier “había sido desechada, en términos del informe”.

Casen además refutó la acusación de que el régimen de contratación de obras elaborado por la UNT tenía como objetivo la adjudicación directa de proyectos. “No hay ninguna obra que haya tenido adjudicación directa”, afirmó, explicando que las 13 obras en cuestión se contrataron mediante licitación o concurso privado de precios, con la única excepción de la obra de la Facultad de Derecho, que se realizó por licitación pública.

La letrada hizo hincapié en que Cerisola “jamás autorizó una contratación directa ni ningún tipo de contratación de obras” y dijo que el ex rector no intervino en la etapa de ejecución de las obras, sino que su rol, como máxima autoridad de una gran estructura, se circunscribió a “definir y autorizar la realización de las obras, con un criterio de oportunidad, mérito y conveniencia”. Casen explicó que Cerisola “hizo uso de la facultad de delegación”, que permite delegar atribuciones en el funcionario que el rector considere pertinente, al referirse a la responsabilidad de la ingeniera Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias. Casen sostuvo que Cerisola fue “absolutamente diligente” en la elección de la persona a delegar, ya que era la única que “podía encargarse de la ejecución de las obras” y lo venía haciendo de forma exitosa desde gestiones anteriores.

En cuanto a los sobreprecios, argumentó que su defendido no autorizó ni pagó sobreprecios, y que “el reglamento de contratación no tiene una relación de causa-efecto con estos supuestos pagos”.

La defensora también cuestionó la validez del informe de Gendarmería Nacional, que es la base de la imputación por sobreprecios. Afirmó que el informe de Gendarmería “fue destruido y quedó a niveles de subsuelo” por la pericia del ingeniero Francisco Guzmán, perito que, según Casen, se encargó de “chocar” y “derribar” el informe de Gendarmería, dejando claro su falta de “rigor técnico, científico”. Por lo tanto, concluyó que esta prueba “no tiene valor probatorio”.

“Sin perjuicio”

La defensora también arremetió contra la falta de pruebas del supuesto perjuicio económico. Manifestó que la Fiscalía no logró acreditar “ningún indicio de la culpabilidad” de Cerisola ni la existencia de un delito. Para Casen, los montos reclamados eran “infundados, no probados, antojadizos” y carecían de “rigor técnico”, ya que ni siquiera se especificaron los índices de actualización utilizados para llegar a las “cifras inimaginables”.

En la etapa final de su alegato, Casen fue contundente y solicitó formalmente la absolución de su defendido, declarando que la acusación “no ha sido aprobada” y que existía una “absoluta orfandad probatoria”. A todo evento, planteó la extinción de la acción penal por prescripción. Argumentó que las penas para los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude no superan los seis años y que, desde la última secuela interruptiva a principios de 2019, había transcurrido un plazo mayor. Por todo lo anterior, solicitó al tribunal que se declare extinguida la acción penal y se absuelva de culpa y cargo al ex rector Juan Alberto Cerisola.

Lo que viene: lunes y martes sigue la defensa

El alegato de las defensoras de Juan Alberto Cerisola continuará el lunes y el martes de la próxima semana, con la alocución de la abogada Silvia Peyrachia, y además ayer el presidente del Tribunal, Jorge Basbús, informó que se habilitaron las jornadas del lunes 18 y el martes 19 de agosto para que se realicen las dúplicas y réplicas entre las partes. De esta forma, luego de ese paso procesal, sólo quedaría definir cuándo se escucharán las últimas palabras de los cuatro imputados y finalmente qué día se dará a conocer el veredicto. Podría ser la primera semana de septiembre.