Salta prohíbe los grupos de WhatsApp entre docentes y alumnos y limita el uso de celulares en las aulas
Con el regreso a clases tras el receso invernal, este lunes la provincia de Salta no solo enfrenta un paro docente con un 60% de adhesión, sino también la implementación de un polémico protocolo que modifica las formas de comunicación y uso de tecnología en las escuelas.
El Ministerio de Educación de Salta comenzó a aplicar una ley sancionada y publicada en diciembre de 2023, que prohíbe expresamente los grupos de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería entre docentes y alumnos, y también entre docentes y padres de manera institucional. La medida generó debate en la comunidad educativa y apunta a evitar situaciones de abuso o malas prácticas detectadas recientemente.
La ministra de Educación, Cristina Fiore, justificó la implementación del protocolo alegando que, en los últimos meses, al menos cinco docentes fueron denunciados penalmente por grooming. En todos los casos, explicó, los vínculos indebidos con estudiantes comenzaron a través de plataformas de mensajería instantánea. Además, recordó un caso reciente en el que una docente utilizaba un grupo con sus alumnos para vender monedas virtuales de apuestas online.
Celulares fuera del aula
La normativa también establece un control estricto sobre el uso de dispositivos móviles dentro del ámbito escolar. En nivel primario, por ejemplo, los celulares estarán prohibidos en todos los grados, salvo en sexto grado y con fines exclusivamente pedagógicos. En caso contrario, los teléfonos serán retenidos por los docentes y devueltos al finalizar la jornada.
En los niveles secundarios, el uso también estará restringido a actividades educativas específicas. Incluso durante los recreos, los alumnos no podrán utilizar sus dispositivos, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de la medida y la responsabilidad que recaerá sobre el cuerpo docente.
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
“Estamos iniciando una etapa de concientización, para que toda la comunidad educativa comprenda el alcance y la finalidad del protocolo”, informaron desde el Ministerio.
Aún no está claro qué tipo de sanciones podrían aplicarse a quienes incumplan la normativa, aunque se evalúan medidas administrativas internas.
Reacciones dispares
La aplicación de este protocolo generó opiniones encontradas. Mientras algunos sectores valoran la intención de proteger a los menores y ordenar el uso de la tecnología, otros advierten que puede afectar el flujo de información entre familias y escuelas, y que contradice tendencias pedagógicas modernas que promueven el uso responsable de herramientas digitales.







