Las arduas gestiones para recuperar el plan Procrear

La provincia pudo avanzar con la “provincialización” de los contratos del barrio Procrear II de Tucumán con el aval que dio la Legislatura al decreto de necesidad y urgencia del gobernador Osvaldo Jaldo. Con ello se da continuidad a las constructoras que habían iniciado la obra, sin necesidad de recurrir a una nueva licitación. La iniciativa provincial, no obstante, se logró con 24 votos a favor y siete en contra y con duras críticas contra el decreto, justificado en razones de urgencia.

Se trata de una obra para construir 1.656 viviendas, 1.400 lotes con servicios y 50 locales comerciales en la zona sur de la capital, que quedó suspendida, con poco más del 10% de avance, al final del gobierno de Alberto Fernández, y que siguió en la incertidumbre con la nueva administración de Javier Milei. La provincia ha gestionado a la Nación desde el año pasado la cesión de los terrenos para hacerse cargo del plan y lo que se hizo ahora fue aprobar el DNU del gobernador, que plantea mantener las condiciones contractuales originales y faculta la contracción directa con las 22 empresas que originalmente fueron contratadas (vía licitación) para la ejecución de 500 viviendas en una primera etapa.

Ahora se ha programado el acto de firma de los nuevos contratos entre la Provincia y las firmas nucleadas en la Cámara Tucumana de la Construcción para el viernes, con la idea de reiniciar los trabajos cuanto antes. El gobierno se apresta a destinar $70.000 millones propios para reactivar un tarea que, según el oficialismo, da esperanzas a más de 3.000 familias y recupera 10.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, aún se debe resolver el vínculo entre las constructoras y el Banco Hipotecario, agente fiduciario del eliminado Plan Procrear nacional. Con el cierre del fideicomiso, la Secretaría de Obras Públicas es la encargada de gestionar y disponer los bienes involucrados. Esto incluye la regularización de títulos de propiedad, así como la transferencia de activos a provincias, municipios, organismos estatales e institutos de vivienda. Se supone que en pocos días esto podría estar resuelto pero la situación todavía es incierta.

Hay varias reflexiones al respecto. En primer lugar, la importancia de obras como las de vivienda, consideradas entre las principales del Gobierno provincial, por el impacto social y reactivador del trabajo que tiene, y que requieren una organización ordenada, previsora de los inconvenientes que pueden surgir. Ya el caso del megabarrio de Manantial Sur, afectado a lo largo de una década por desorden y complicaciones inflacionarias, obligó a nuevos gastos a la Provincia para recuperar, entre otras cosas, 1.100 viviendas arrasadas por el vandalismo.

Estos proyectos deben ser definidos con amplitud, orden y previsión y, por ello, no sometidos a urgencias. Otra reflexión es que estas obras no deberían tener ni imponderables como la caída de la financiación -que la administración anterior resolvía caóticamente con emisión monetaria- ni fluctuaciones bruscas con cada cambio de gobierno, como ha ocurrido ahora que se desguazaron el plan Procrear y el Banco Hipotecario, teniendo contratos y compromisos firmados. Todo eso genera incertidumbres y lleva a situaciones como las que se está afrontando ahora.