La Cámara Nacional Electoral, en un fallo sin precedentes, resolvió que es obligatorio que todos los partidos, incluso los que integran alianzas electorales, presenten balances de campaña luego de los comicios y fijó reglas estrictas que deberán observar todos los jueces electorales del país para controlar el patrimonio de esas agrupaciones.
Sin embargo, la resolución del alto tribunal no es novedosa para Tucumán. Desde hace varios años el Juzgado Electoral federal de la provincia realiza un estricto control del patrimonio partidario, y ha avanzado concretamente en la tan mentada reforma política.
Es más: el eficaz procedimiento ejecutado en la provincia sirvió de modelo para varias provincias vecinas.
"El sistema de control previsto en las leyes vigentes es precario y altamente deficitario; por eso hace algunos años decidimos extremar las medidas tendientes al control de gastos de los partidos", aseguró a LA GACETA, el secretario del juzgado electoral, Rogelio Rodríguez del Busto.
El funcionario apuntó que una vez que llega el balance de los partidos, el juzgado lo deriva al fiscal federal Emilio Ferrer, quien solicita a la AFIP un contador para revisar las cuentas partidarias. "Aquí, el control no es meramente formal, sino que hay un exhaustivo examen", enfatizó con cierto orgullo.
El financiamiento a los partidos les viene de dos fuentes: del envío mensual del Ministerio del Interior en base a los votos obtenidos en las últimas elecciones nacionales, y del aporte de los funcionarios y representantes parlamentarios.
Transparencia
"Cualquier observación que realice el perito de la AFIP, que viene dos veces a la semana al juzgado, es trasladado al partido para que realice la aclaración o envíe la documentación faltante", remarcó Rodríguez del Busto. "Asegurar la transparencia de los aportes y los balances es un factor esencial", agregó.
El funcionario recalcó que todos los partidos tienen plazo hasta abril para la presentación de sus cuentas de 2001, donde están incluidas las elecciones nacionales del 14 de octubre pasado.
Rodríguez del Busto recordó que sin la aprobación de los balances partidarios, el Ministerio del Interior no les enviará los fondos a los partidos previstos por ley. "Hacemos el control de los aportes estatales y privados", concluyó el secretario electoral.
Sin embargo, la resolución del alto tribunal no es novedosa para Tucumán. Desde hace varios años el Juzgado Electoral federal de la provincia realiza un estricto control del patrimonio partidario, y ha avanzado concretamente en la tan mentada reforma política.
Es más: el eficaz procedimiento ejecutado en la provincia sirvió de modelo para varias provincias vecinas.
"El sistema de control previsto en las leyes vigentes es precario y altamente deficitario; por eso hace algunos años decidimos extremar las medidas tendientes al control de gastos de los partidos", aseguró a LA GACETA, el secretario del juzgado electoral, Rogelio Rodríguez del Busto.
El funcionario apuntó que una vez que llega el balance de los partidos, el juzgado lo deriva al fiscal federal Emilio Ferrer, quien solicita a la AFIP un contador para revisar las cuentas partidarias. "Aquí, el control no es meramente formal, sino que hay un exhaustivo examen", enfatizó con cierto orgullo.
El financiamiento a los partidos les viene de dos fuentes: del envío mensual del Ministerio del Interior en base a los votos obtenidos en las últimas elecciones nacionales, y del aporte de los funcionarios y representantes parlamentarios.
Transparencia
"Cualquier observación que realice el perito de la AFIP, que viene dos veces a la semana al juzgado, es trasladado al partido para que realice la aclaración o envíe la documentación faltante", remarcó Rodríguez del Busto. "Asegurar la transparencia de los aportes y los balances es un factor esencial", agregó.
El funcionario recalcó que todos los partidos tienen plazo hasta abril para la presentación de sus cuentas de 2001, donde están incluidas las elecciones nacionales del 14 de octubre pasado.
Rodríguez del Busto recordó que sin la aprobación de los balances partidarios, el Ministerio del Interior no les enviará los fondos a los partidos previstos por ley. "Hacemos el control de los aportes estatales y privados", concluyó el secretario electoral.
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