24 Junio 2025
La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal imputó a dos hombres, identificados como integrantes de la comunidad gitana, por estafar a un ciudadano santiagueño en la supuesta venta de una camioneta. Además, uno de ellos fue acusado por amenazas coactivas luego de intimidar a la víctima mientras esta radicaba la denuncia.
El hecho tuvo lugar el pasado 7 de febrero de 2025, cuando la víctima, oriunda de Santiago del Estero, viajó a San Miguel de Tucumán para cerrar la compra de una Toyota Hilux SRX 4x2, modelo 2024, color blanca, que había sido publicada en Marketplace de Facebook bajo un perfil falso a nombre de “Ezequiel Rizo”.
Según la acusación formulada por la auxiliar de fiscal Andrea Carlino -en representación de la titular de la fiscalía, María del Carmen Reuter- los imputados, de 23 y 32 años, se habrían presentado como vendedores y lograron que el comprador les entregara $42.500.000 sin darle a cambio el vehículo prometido. Posteriormente, ofrecieron y vendieron la misma camioneta a un segundo comprador por $45.000.000.
“El ardid consistió en concretar un encuentro con la víctima, simular una operación de compraventa y apropiarse del dinero. Luego procedieron a revender el mismo rodado a otra persona, consumando una doble estafa”, detalló Carlino durante la audiencia.
Las irregularidades no terminaron allí. Días después, mientras la víctima realizaba la denuncia en la División de Delitos Telemáticos y Económicos de la policía provincial, recibió una llamada desde un número privado. Quien hablaba era uno de los estafadores, el acusado de 32 años, quien le dijo: “Sé que me delataste, te devuelvo $20 millones”, propuesta que fue rechazada por la víctima. Ante la negativa, el sospechoso lo amenazó: “Sé dónde vivís, esto lo vamos a arreglar a las balas”. La conversación, realizada en altavoz, fue escuchada y grabada por personal policial.
La auxiliar fiscal formuló cargos por el delito de estafa en calidad de coautores para ambos imputados, y por amenazas coactivas para el mayor de ellos. Además, solicitó medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, de hostigamiento por cualquier medio y de portación de armas de fuego. El juez interviniente hizo lugar a todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
Lo más popular
