El tribunal provincial dictó condenas en el histórico juicio por los hechos ocurridos en el neonatal de Córdoba: seis de los 11 acusados fueron hallados culpables. Entre ellos figura la doctora Adriana Moralez, excoordinadora del comité de seguridad del paciente en el hospital.
Tras conocerse el veredicto, la hija de Adriana Moralez expresó su profundo descontento ante lo que considera una "justicia selectiva". En sus palabras: “esta no es una justicia para todos”, aludiendo a lo que percibe como una diferenciación en el trato otorgado a algunos acusados frente a otros.
Su mensaje se convirtió en voz de quienes sienten que el fallo no cubre todos los ángulos del caso.
El proceso judicial gira en torno a la muerte de cinco recién nacidos—entre marzo y junio de 2022—presuntamente víctimas de inyecciones letales de potasio e insulina administradas de forma deliberada.
El juicio comenzó en enero de 2025 y desde entonces se presentaron pruebas contundentes, incluyendo testimonios e informes médicos que detallan el modus operandi de los ataques .
Además de Moralez, otros exfuncionarios también recibieron sentencia, profundizando el debate sobre la responsabilidad institucional y personal en medio de un sistema de salud que, según parte del vínculo emocional de las víctimas y familiares, no brindó protección suficiente a los más indefensos.
El planteo público de la hija de Moralez evidencia el sentimiento —compartido por algunos sectores— de que la justicia puede verse afectada por inequidades. Su denuncia, fuerte y directa, pone al descubierto la tensión entre la memoria dolorosa de las familias afectadas y las garantías formales del debido proceso.
El caso Neonatal continúa teniendo repercusiones sociales y políticas. Mientras unos celebran la condena como una forma de justicia tardía, otros la ven insuficiente o sesgada. Los cuestionamientos que emergen tras el fallo evidencian que, en un proceso con implicaciones tan profundas, subsiste cierta sensación de injusticia aún después del veredicto.







